El 27 de diciembre de 2024, Liu Zhijiang, presidente de Prodesur SA, presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata (expediente FMP 5467/2024) una denuncia por presuntos cohechos y mal desempeño de funcionarios en el Consejo Federal Pesquero (CFP).

La denuncia impugnaba la Resolución CFP 15/24 (Boletín Oficial, 5 de septiembre de 2024), que asignó las cuotas de Merluza Negra para 2025-2039 a un puñado de empresas, excluyendo sin fundamento legal a Prodesur.

En su declaración ratificada el 11 de febrero de 2025 ante el Fiscal Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Liu detalló 3 reuniones con Juan Antonio López Cazorla (presidente del CFP) y Carlos Cantu (representante de Tierra del Fuego), en las que se le habría exigido pagar 200 mil dólares por miembro del CFP para acceder a la cuota, cuando las empresas ya adjudicatarias abonaban 100 mil por integrante.

Según relató, los encuentros tuvieron lugar el 27 de junio de 2024 en Havanna (Puerto Madero), el 8 de julio en Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego) y el 6 de noviembre en la confitería Dandy (Santa Fe y Esmeralda).

Paralelamente, el 12 de septiembre de 2024 el diputado bonaerense Gustavo Pulti había denunciado hechos semejantes (expediente FMP 9027/2024), basándose en publicaciones que hablaban de coimas totales por unos 15 millones de dólares para renovar o acceder a cuotas de Merluza Hubsi y Negra antes del fin del régimen CITC el 31 de diciembre de 2024.

Conexidad y debate de competencia

El fiscal federal Santiago Eyherabide emitió dictamen el 21 de abril de 2025 proponiendo acumular ambos expedientes en la Justicia de CABA, por "conexidad objetiva y subjetiva" y para evitar pronunciamientos contradictorios en torno a los mismos hechos y actores ("economía procesal"). El 29 de abril, la Secretaría Penal 6 del Juzgado Federal de Mar del Plata incorporó ese dictamen al expediente FMP 5467/2024.

Sin embargo, el 5 de junio de 2025 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, Secretaría 5 (doctor Daniel Rafecas) resolvió rechazar su competencia y remitir el caso de Prodesur al Juzgado Federal de Mar del Plata Sec. 8, para acumularlo definitivamente al expediente FMP 9027/2024 de Pulti, de acuerdo con los artículos 41 y 42 del Código Procesal Penal de la Nación.

Imputados y acusaciones

Son denunciados ante la Justicia Federal por cohecho activo y pasivo (art. 256 CP) e incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 CP):

• Juan Antonio López Cazorla (presidente del CFP).
• Martín Fernández y Miguel Schmukler, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
• Paola Gucioni, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• Julia Erika Mantinian, por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Carla Estefanía Seain, representante de la Provincia de Buenos Aires.
• Sergio Paleo Edgardo, representante de la Provincia de Río Negro.
• Andrés Pedro Arbeletche, por la Provincia de Chubut.
• Gustavo Ernesto Martínez, por la Provincia de Santa Cruz.

Se les imputa haber condicionado la Resolución 15/24 a “aportes” en dólares, infringiendo la Ley 24.922 y el principio de publicidad constitucional.

Próximos pasos

Con la causa de Prodesur formalmente reunida con la de Pulti, el Juzgado Federal de Mar del Plata (Secretaría 8) deberá avanzar en:

• Llamar a indagatoria a todos los imputados.
• Analizar registros de llamadas y movimientos bancarios.
• Citar testigos (por ejemplo, Asunción Pereira Báez y Carlos Cantu).
• Evaluar la adopción de medidas cautelares sobre bienes de las empresas involucradas.

El desenlace podrá derivar en sanciones penales (inhabilitación y hasta prisión) para los funcionarios hallados responsables, al tiempo que se abre la puerta a una revisión del sistema de asignación de CITC para garantizar mayor transparencia.