La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ha iniciado acciones legales contra un juez federal de corte católico Alfredo López, luego de que éste emitiera declaraciones en las que calificaba de genocidio la situación en Gaza. Según informó la entidad, la denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura, en la que se imputa al magistrado incurrir en antisemitismo por sus afirmaciones.

La DAIA, que representa a las instituciones judías del país, sostiene que las palabras del juez atentan contra la imagen y la dignidad de la comunidad judía, al equiparar la política del Estado de Israel con prácticas genocidas. "Nuestro compromiso es luchar contra cualquier forma de discurso de odio que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad de nuestra comunidad", declaró un portavoz de la organización.

Por su parte, el juez acusado ha defendido sus declaraciones, argumentando que se trató de una expresión de su opinión personal y de una crítica a lo que él considera una política estatal. "Mis palabras se inscriben en el contexto de denunciar lo que observo en el conflicto en Gaza; no pretendo, en modo alguno, incitar al odio contra ningún colectivo", afirmó el magistrado, quien ha destacado su condición de juez y ciudadano comprometido con los derechos humanos.

El caso ha generado un intenso debate en los ámbitos judicial y político. Mientras algunos sectores defienden el derecho a la libertad de expresión y consideran que las críticas a la política exterior no deben equipararse a actos antisemitas, otros sostienen que las declaraciones atribuyen un carácter discriminatorio y dañan la imagen del pueblo judío.

Las autoridades judiciales se encuentran evaluando los antecedentes del caso y se espera que en los próximos días se tomen medidas que definirán el rumbo de la denuncia. La comunidad y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su interés en que se respete el equilibrio entre la libertad de opinión y la protección contra el discurso de odio, en un marco de respeto al pluralismo y a los derechos fundamentales.