El periodista Luis Majul volvió a poner el foco sobre el financiamiento de los abogados que representan a personas investigadas por corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. En una editorial, sostuvo que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizaban el origen de los fondos con los que se pagan esos honorarios.

Durante su exposición, Majul mencionó como ejemplo las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido. El periodista planteó interrogantes sobre cómo afrontan los costos de sus representaciones legales personas que tienen bienes embargados o se encuentran inhibidas para realizar determinadas operaciones comerciales.

Además, señaló que los organismos estatales buscaban determinar quiénes abonaban esos honorarios y cuál era el origen del dinero utilizado para hacerlo. En ese marco, recordó publicaciones periodísticas que daban cuenta de controles sobre abogados que intervienen en causas vinculadas con delitos económicos, lavado de activos y narcotráfico.

En otro tramo de la editorial, Majul cuestionó el accionar de algunos profesionales del derecho y sostuvo que existirían abogados dispuestos a asumir riesgos disciplinarios o penales por elevadas sumas de dinero. También hizo referencia a una letrada, sin identificarla, a quien acusó de haber violado el secreto profesional y de haber difundido información falsa sobre un cliente.