Una grave denuncia sacude a la provincia de Chaco y vuelve a poner en debate un tema tan sensible como el derecho a la identidad. El caso, que remite a hechos ocurridos en 2021, expone el drama de una madre que asegura haber sido separada de su hija recién nacida sin siquiera haber podido verla, y denuncia que desde entonces se le niega sistemáticamente información sobre el paradero y la situación de la menor.

Según el testimonio, la mujer cursó su embarazo bajo control médico y aguardaba el nacimiento como cualquier madre. Sin embargo, tras el parto, regresó a su hogar con los brazos vacíos. Afirma que su hija fue entregada a otra familia en circunstancias que califica como irregulares y bajo la intervención de funcionarios provinciales.

La denuncia señala como uno de los protagonistas del episodio a un funcionario identificado como "entregador", Marcos Resico, en 2021, cuando (según la acusación) aún no tenía el nivel de poder que ostenta actualmente dentro de la estructura provincial. La madre sostiene que la menor fue destinada a convivir con una mujer que ya tenía varios hijos y un entorno social atravesado por situaciones de marginalidad y antecedentes penales en sus parejas.

Hoy, con 5 años, la niña (siempre según la versión de la denunciante) estaría en una situación que la madre considera riesgosa, y asegura que se le impide todo contacto y acceso a información oficial. Además, afirma haber recibido amenazas y responsabiliza políticamente al actual gobernador de la provincia, Leandro Zdero, por conocer el caso y no intervenir para esclarecerlo.

En el centro de las críticas también aparece el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, encabezado por María Silvia Barreto, a quien se señala por negar acceso a documentación y datos vinculados a la identidad de la menor. La denunciante afirma que las puertas institucionales se encuentran cerradas y que no obtiene respuestas formales a sus pedidos.

El trasfondo político del caso agrega tensión: la madre vincula a los presuntos responsables con sectores del oficialismo provincial y menciona supuestos vínculos con espacios que integraron el frente Chaco Merece Más, asociado al ex gobernador Jorge Milton Capitanich. También desliza que existirían relaciones personales y favores políticos que explicarían la situación actual, aunque esas afirmaciones no han sido corroboradas judicialmente.

Hasta el momento no se conocieron comunicados oficiales que respondan puntualmente a estas acusaciones. El caso, de confirmarse irregularidades, podría implicar responsabilidades administrativas y penales graves, especialmente en lo relativo al derecho a la identidad, un principio protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Mientras tanto, la madre asegura que continuará reclamando acceso a la verdad y a la restitución del vínculo con su hija. El interrogante que sobrevuela es si la Justicia chaqueña avanzará en una investigación independiente que permita determinar qué ocurrió realmente en 2021 y si se respetaron los procedimientos legales vigentes en materia de adopción y protección de menores.

En una provincia atravesada históricamente por tensiones políticas y sociales, la denuncia reabre una herida sensible: la posibilidad de que, en plena democracia, existan decisiones que afecten la identidad y el destino de un niño sin la debida transparencia institucional.