El abogado Sergio Luis Macagno presentó el 18 de agosto una denuncia penal federal para investigar la denominada “alianza estratégica” entre CALF y Huawei, su expansión sobre infraestructura tecnológica vinculada con Vaca Muerta y un eventual riesgo para la seguridad nacional. La presentación quedó registrada como causa 4070/2026 ante el Juzgado Federal número 11.

El expediente tomó como uno de sus puntos de partida un mensaje atribuido a Andrew Dilts, de la Embajada de Estados Unidos, recibido por CALF el 12 de julio y conocido públicamente casi un mes después. Macagno pide establecer qué ocurrió durante ese período y si hubo una presión estadounidense o una advertencia vinculada con las restricciones que Washington mantiene sobre Huawei por razones de seguridad.

La denuncia reconstruye un proyecto que habría superado ampliamente el servicio de CALFIBRA. Allí aparecen 6.600 kilómetros de fibra óptica, un Data Center Tier III, inteligencia artificial, Smart Grid, videovigilancia e Internet de las Cosas, con llegada a Añelo, Rincón de los Sauces y áreas directamente vinculadas con Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa aparece respaldando institucionalmente el plan provincial de conectividad. Una estimación periodística de febrero de 2025, que no forma parte de la denuncia, calculó ese proyecto en aproximadamente 45 millones de dólares.

Otro nombre que aparece es el de Camila Figueroa Vinassa, hija del gobernador. Según la presentación, habría intervenido jurídicamente en representación de CALF y en el proyecto de conectividad, mientras integraba la Comisión Fiscalizadora del BPN, entidad que otorgó otros 10 mil millones de pesos a la cooperativa, y se desempeñaba además como apoderada de La Neuquinidad.

Macagno pide también identificar quién financió los viajes de autoridades de CALF a China y a la sede de Huawei en Shenzhen. La propia cooperativa había informado que fueron solventados por “proveedores internacionales y organismos de cooperación global”, pero sin detallar públicamente quiénes fueron.

El núcleo de la denuncia apunta ahora a seguir contratos, dinero, viajes, decisiones políticas y arquitectura tecnológica para determinar hasta dónde llegó realmente la alianza y si existieron incompatibilidades, conflictos de interés o riesgos sobre infraestructura estratégica. Todo ello deberá ser comprobado en sede judicial.