Circularon fuertes acusaciones políticas que apuntan contra Marcos Resico, funcionario vinculado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Chaco, a quien se señala por supuestas decisiones discrecionales en el manejo de la pauta oficial, la agenda gubernamental y la administración de recursos que llegan a la provincia, en un contexto donde también se menciona la cercanía con el gobernador Leandro Zdero. El contenido, de tono crítico, sostiene que el funcionario tendría influencia directa en definiciones estratégicas del Ejecutivo provincial.

Según las afirmaciones difundidas, se lo acusa de haber reducido de manera significativa la pauta publicitaria a medios de comunicación, con excepciones puntuales, lo que abre cuestionamientos sobre los criterios de asignación y la relación entre el Gobierno provincial y el ecosistema mediático local.

En ese marco, también se menciona un presunto episodio de tensión telefónica con un referente mediático vinculado a Pacheco, donde habría existido un reclamo relacionado con la distribución de alimentos y la asistencia social, en medio del contexto económico provincial.

Además, se sostiene que Resico tendría injerencia en la organización de la agenda del gobernador Zdero y en la gestión de partidas nacionales que llegan a Chaco, insinuando que existiría un aprovechamiento político y económico de esos recursos, aunque sin documentación pública presentada en el material difundido.

También se deslizan versiones sobre un supuesto incremento patrimonial del funcionario durante los últimos años de gestión, con referencias a bienes de alto valor, lo que, según el documento, sería “secreto a voces” dentro de ciertos ámbitos políticos.

En la misma línea, el contenido incorpora señalamientos aún más sensibles, incluyendo menciones sobre presuntas irregularidades administrativas y vínculos con empleados del área de infraestructura, entre ellos Daniel Ernesto Romero, a quien se le atribuye un patrimonio elevado no declarado ante ARCA.

Asimismo, se alude a investigaciones de inteligencia fiscal federal en curso sobre posibles inconsistencias en el origen de fondos y movimientos económicos dentro de la estructura estatal provincial.

También, acusan al entorno gubernamental de intentar limitar la difusión de información crítica en medios y de desmentir públicamente versiones que circulan sobre la gestión, en medio de un clima político tenso y de cuestionamientos sobre transparencia y manejo de recursos públicos.