Quedó al descubierto una compleja trama de extorsión virtual que, según la investigación judicial, llevó al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años e integrante del equipo de vigilancia de la Quinta de Olivos, a quitarse la vida el 16 de diciembre de 2025, tras atravesar un prolongado calvario psicológico provocado por amenazas y presiones económicas.

La causa fue investigada de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que determinó que el joven era víctima de una organización que operaba a través de una aplicación de citas llamada Evermatch.

De acuerdo a las pruebas reunidas, la maniobra comenzaba con perfiles falsos de supuestas mujeres, entre ellos uno identificado como “Julieta Ayelén Cardozo”, que entablaban conversación con las víctimas.

Posteriormente irrumpía en la comunicación una supuesta “madre alterada” que enviaba audios acusando al joven de mantener contacto con una menor de edad, lo que generaba miedo, presión y exigencias de transferencias de dinero. La extorsión se agravaba con la intervención de un falso policía que decía haber tomado la denuncia y reclamaba pagos para “resolver” la situación judicial.

En esa parte del esquema delictivo, los estafadores usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, efectivo real de la Policía de la Ciudad, quien nunca tuvo intervención en el caso ni realizó llamados al soldado. La investigación determinó que todo formaba parte de una estructura criminal organizada que operaba en gran medida desde unidades penitenciarias.

La red estaba integrada por siete personas, varias de ellas detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, con internos alojados en unidades de Magdalena y La Plata, que coordinaban las extorsiones de manera virtual.

Entre quienes brindaban apoyo logístico desde el exterior fue detenida Karen Yael Cufré, empleada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Morón, asignada a la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento.

Según la causa, su rol habría sido clave en el soporte operativo de la organización mientras se desempeñaba dentro de la estructura municipal vinculada al área de seguridad. Tanto Cufré como el resto de los implicados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo.

El caso generó un fuerte impacto institucional y político en Morón, ya que la detención de una trabajadora del área de seguridad municipal abrió cuestionamientos sobre los controles internos, la supervisión de personal y el funcionamiento de los centros de monitoreo descentralizados.

En ese marco, el concejal Ariel Alejandro Aguilera, del bloque Todo por Argentina, sostuvo que el episodio configura “un nuevo escándalo” que involucra responsabilidades políticas del intendente Lucas Hernán Ghi y del secretario de Seguridad Ciudadana Damián Cardoso, al considerar que el hecho expone fallas estructurales en el sistema de seguridad local.

El edil cuestionó además el funcionamiento de los centros de monitoreo, señalando deficiencias operativas, falta de información sobre su alcance real y escasa supervisión del personal, y planteó que si la imputada realizaba llamados extorsivos desde su puesto, debería investigarse el rol de los agentes que compartían jornada laboral con ella.

También criticó la política comunicacional en materia de seguridad y denunció una presunta pérdida de confianza ciudadana ante el incremento del delito y la falta de respuestas institucionales.

En paralelo, se anticipó que, al inicio de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la Comisión de Legislación deberá tratar el expediente 86920/25, que cuenta con dictamen en la Comisión de Seguridad Ciudadana y propone la interpelación del intendente Lucas Ghi para que brinde explicaciones sobre el plan de seguridad municipal, el funcionamiento de las estructuras de monitoreo y los mecanismos de control interno del área.

El caso reabre un debate profundo sobre la infiltración del delito en estructuras estatales, el control del personal en áreas sensibles y el impacto de las redes de extorsión digital que operan desde cárceles.

La muerte del soldado Gómez instaló además una discusión social sobre la vulnerabilidad frente a estafas virtuales, la utilización de identidades falsas, la presión psicológica sistemática y las responsabilidades institucionales cuando una red criminal logra operar con apoyo logístico externo desde ámbitos vinculados a la seguridad pública.