En medio de una creciente tensión sindical, 3 delegados del Sindicato de Camioneros han denunciado a Pablo Daniel Osuna, secretario general de la seccional Luján-General Rodríguez, por presuntos intentos de soborno relacionados con un plan de reducción de personal en Dorinka SRL, empresa perteneciente al empresario y político Francisco De Narváez.

Los delegados denunciantes, Carlos Villegas, Fabián Sosa y Mariela Dilema, aseguran que Osuna ofreció el pago de 60 horas extras mensuales sin trabajar, lo que representaría cerca de 450 mil pesos por mes, a cambio de aceptar un plan de retiros voluntarios. Este esquema implicaría la desvinculación de entre 70 y 90 empleados en la planta de Moreno, donde actualmente trabajan alrededor de 350 personas.

La situación escaló cuando los delegados lograron una orden judicial que prohíbe a Osuna acercarse al centro de distribución de la empresa. La medida fue tomada tras acusaciones de amenazas, agresiones verbales y hostigamiento contra los trabajadores. “Estamos defendiendo los puestos de trabajo y no vamos a ceder ante presiones de ningún tipo”, declaró Villegas.

Por su parte, la empresa Dorinka SRL desmintió cualquier intención de implementar despidos o reducciones de personal. Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de la compañía, calificó las versiones como “falsas y malintencionadas”.

“No existe ningún plan de ajuste laboral. Continuamos trabajando con normalidad y respetando los derechos de nuestros empleados”, afirmó Quiroga.

El conflicto también pone en el foco a Hugo Moyano, histórico líder del gremio de Camioneros, quien enfrenta cuestionamientos internos por la gestión de sus delegados en las distintas seccionales. Analistas sindicales advierten que este caso podría generar fisuras dentro del sindicato en un contexto ya marcado por las discusiones sobre posibles reformas laborales impulsadas por el gobierno.

La situación en Dorinka SRL podría tener repercusiones más amplias en el sector, especialmente en un escenario económico complejo donde la preservación del empleo se presenta como una de las principales preocupaciones. Mientras tanto, los trabajadores y sus representantes continúan atentos al desarrollo de los acontecimientos, esperando que las autoridades intervengan para garantizar la transparencia y la estabilidad laboral.