Por Nicolás Hourclé

Introducción: el falso dilema del orden y el desguace

Hablar de “seguridad jurídica” en la Argentina actual se ha convertido en un ejercicio de cinismo semántico. Desde los estrados del poder político y los centros financieros se repite como un mantra que la economía florecerá únicamente si se pulverizan las regulaciones, se liberan los mercados a libro cerrado y se subordina el Estado a los designios de la especulación. Sin embargo, este diagnóstico parte de una premisa deliberadamente tramposa: reducir el derecho a un mero salvoconducto para el capital concentrado y entender la economía como un casino donde las reglas se escriben a la medida del más fuerte.

La verdadera seguridad jurídica no es el blindaje de privilegios corporativos ni la impunidad de los grandes carteles financieros. Es, por el contrario, la previsibilidad institucional sobre la cual una sociedad puede planificar su destino, proteger su trabajo y procurar que la ley sea un límite al abuso y no un instrumento de despojo. Hoy, la Argentina asiste a un proceso de demolición sistemática tanto de su arquitectura económica como de su entramado de garantías. Lo lleva adelante un gobierno que actúa a espaldas de la Constitución, frente a un Poder Judicial que oscila entre la complicidad pasiva y la más absoluta ajenidad ante el sufrimiento social.

I. El gobierno y la destrucción del pacto social

Un gobierno que confunde desregulación con anomia y ajuste con orden está condenando a la nación a la inviabilidad estructural. Bajo la narrativa falaz de la “libertad de mercado”, la administración actual ha desarticulado los resortes de control estatal que garantizaban un piso mínimo de equidad. La seguridad jurídica no puede existir cuando las reglas de juego cambian al ritmo de los caprichos del Poder Ejecutivo o de los intereses de las corporaciones transnacionales.

El desguace del aparato productivo, la apertura indiscriminada de importaciones que asfixia a la industria nacional y la liquidación del ahorro interno no son meros “costos de transición”. Se trata de actos de desposesión económica avalados desde el vértice del Estado. Cuando se destruye el poder adquisitivo de los salarios, se pisotean los convenios colectivos y se deja a la intemperie a millones de argentinos, se está rompiendo el pacto fundacional de la democracia. Un país donde la ley ampara al especulador y condena al que produce no es libre; es un territorio ocupado por la lógica de la rapiña.

II. Una justicia corporativa, morosa y funcional al poder

Pero este descalabro económico no sería posible sin la colaboración necesaria, por acción o por omisión, de un Poder Judicial que ha perdido toda legitimidad democrática. La justicia argentina padece una esclerosis institucional crónica que la vuelve sorda e indolente ante las urgencias de las grandes mayorías. Sin embargo, se muestra llamativamente ágil cuando se trata de convalidar medidas de ajuste o garantizar la impunidad de los poderosos.

Un sistema judicial que tarda años en resolver un diferendo laboral, que convalida despidos masivos o que mira hacia otro lado mientras se pulverizan los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional no es un poder independiente: es el brazo técnico de la injusticia estructural. Los tribunales se han transformado en una fortaleza corporativa, blindada y de espaldas al pueblo, donde los fallos se dictan al ritmo de la conveniencia política y de la presión mediática.

Sin una justicia rápida, transparente y comprometida con el orden constitucional, el concepto de “seguridad jurídica” se vacía de contenido. Se convierte así en una cáscara hueca donde la propiedad del poderoso vale más que el derecho del trabajador a una vida digna.

III. Hacia la reconstrucción de la soberanía y el derecho

La prosperidad material no brota de la tierra árida del descontrol financiero ni de la destrucción de las instituciones. Nace de un orden jurídico estable que potencie el mercado interno, proteja la producción nacional y garantice la distribución justa de la riqueza. No hay desarrollo posible sin soberanía, y no hay soberanía sin un Estado capaz de hacer cumplir la ley frente a los abusos del poder económico.

Reconstruir la Argentina exige recuperar el sentido profundo del derecho: un sistema normativo que sirva para integrar a la sociedad, frenar la arbitrariedad y poner la economía al servicio del bienestar general, y no al revés. La seguridad jurídica debe ser el escudo de los ciudadanos de a pie, no el botín de una casta que gobierna para unos pocos.

La tarea histórica que se avecina no es menor. Implica rescatar las instituciones del pantano de la complicidad y devolverle a la política su rol transformador. Porque sin justicia social no hay paz, y sin estabilidad institucional no hay futuro.