El empresario Alejandro Trasmonte, vinculado a TNGroup, quedó bajo la lupa por contrataciones estatales para el alquiler de equipos de impresión. Mientras se cuestiona la conveniencia económica de los acuerdos, también surgieron versiones sobre supuestos respaldos políticos y presuntos vínculos con figuras del poder.

La promesa de terminar con la casta y achicar el gasto público vuelve a quedar bajo la lupa por las contrataciones estatales. Una investigación publicada por RealPolitik puso el foco sobre TNGroup SA, firma vinculada al empresario Alejandro Trasmonte, por contratos millonarios para el alquiler de fotocopiadoras e impresoras a distintos organismos públicos.

La polémica gira alrededor de una pregunta elemental: ¿Cuánto termina pagando el Estado por equipos que, en determinadas circunstancias, podría comprar directamente?

Bajo el título "Vinieron a terminar con la casta y te afanan hasta con las fotocopias", las cifras difundidas apuntan a un volumen de contrataciones que, según la información acercada a este medio, rondaría los 30 mil millones de pesos.

Entre los antecedentes mencionados aparecen acuerdos vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para determinar el alcance real de los desembolsos, resulta necesario reconstruir los expedientes, distinguir los montos adjudicados de los efectivamente ejecutados y verificar los períodos y servicios incluidos.

Uno de los puntos cuestionados es la diferencia entre el costo del alquiler y el precio de compra de los equipos. En uno de los ejemplos difundidos se mencionó una contratación de 17 máquinas por 12 meses, por un total de 41,84 millones de pesos.

La comparación con el valor de adquisición de los dispositivos abrió interrogantes sobre la conveniencia de la operación. Sin embargo, para establecer si existió un sobreprecio también deben contemplarse el mantenimiento, los insumos, las reparaciones, el soporte técnico y el volumen de impresiones contratado.

Trasmonte, las versiones sobre Angelici y el supuesto respaldo político

A las preguntas sobre los contratos se suma otra línea de investigación. Según fuentes consultadas por este medio en el ámbito de sus operaciones comerciales, Trasmonte habría invocado un supuesto respaldo del empresario y dirigente político Daniel Angelici en gestiones vinculadas con autorizaciones y procesos de contratación.

De acuerdo con esos testimonios, el nombre de Angelici habría sido utilizado para proyectar una imagen de apoyo político y capacidad de interlocución.

Sin embargo, personas cercanas a Angelici consultadas sobre esa versión negaron conocer al empresario. Desde su entorno manifestaron expresamente "desconocer al sindicado y no tener vinculación alguna con este empresario".

El contraste entre ambas versiones abre interrogantes sobre las gestiones en las que Trasmonte habría invocado ese supuesto respaldo, ante quiénes lo habría hecho y si esa presunta referencia tuvo alguna incidencia concreta en los procedimientos administrativos.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer que Angelici haya intervenido en las contrataciones ni que haya existido una relación entre ambos.

Silvia Majdalani y las versiones sobre su situación personal

En paralelo, la información acercada a este medio menciona a Silvia Majdalani, exfuncionaria de inteligencia, y una presunta crisis matrimonial con Jorge Norberto Olivero. Según esas versiones, la situación estaría relacionada con una supuesta infidelidad y con mujeres que habrían sido acercadas por Trasmonte.

Se trata de afirmaciones sobre la vida privada de personas identificables que no cuentan aquí con corroboración independiente, por lo que no corresponde presentarlas como hechos comprobados ni establecer una relación causal sin pruebas.

La cuestión central sigue siendo el manejo de los recursos públicos. Si las contrataciones alcanzaron efectivamente las cifras denunciadas, la documentación debería permitir conocer qué organismos contrataron, bajo qué procedimientos, cuáles fueron los precios unitarios y qué servicios recibieron a cambio. También será fundamental determinar si existieron observaciones de los organismos de control o denuncias judiciales relacionadas con estos acuerdos.

Para un Gobierno que hizo de la lucha contra la casta y del recorte del gasto una de sus principales banderas, las contrataciones estatales merecen explicaciones documentadas.

La consigna de austeridad no alcanza por sí sola: la transparencia exige que cada peso desembolsado pueda justificarse con expedientes, prestaciones verificables y procedimientos competitivos. Las sospechas deben investigarse, pero las responsabilidades también deben probarse.