En abril de 2025 el Gobierno firmó su acuerdo con el FMI: 20.000 millones de dólares aprobados, 12.000 millones de desembolso inicial. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esos primeros 12.000 millones no fueron a hospitales, rutas ni sueldos: se destinaron a recomprar letras intransferibles en dólares que el Tesoro le debía al Banco Central.

El Estado se prestó plata para pagarse a sí mismo, con un fondo que cobra intereses por el favor. La novedad no es el mecanismo: es que el presidente Javier Milei que prometió terminar con la casta heredó el mismo carrusel y se subió sin preguntar quién maneja el volante.

En mayo de 2026 el FMI informó desembolsos acumulados por 15.800 millones de dólares bajo ese programa y, en la segunda revisión, confirmó que la Argentina incumplió la meta de reservas internacionales netas fijada para fines de 2025. El acceso a los desembolsos siguientes volvió a quedar atado a revisiones del Fondo. Es decir: el país que se jactaba de no necesitar a nadie depende ahora de un visto bueno trimestral para cobrar. La libertad avanza, pero con calendario de auditoría y cláusula de revisión.

Mientras tanto, el DNU 186/2025 armó un régimen para regularizar deudas de distribuidoras y cooperativas eléctricas con CAMMESA: hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas a una tasa equivalente a la mitad de la del Mercado Eléctrico Mayorista. La deuda reprogramada de varias distribuidoras rondaba los 1.842 millones de dólares, con 438 millones de Edenor y 343 millones de Edesur.

Edenor informó en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2026 un saldo de 387.027 millones de pesos en tres planes de pago con CAMMESA, firmados en 2022, 2023 y 2025. Tres planes, tres gobiernos, cero cancelación. La empresa sigue debiendo y el Estado sigue otorgando gracia.

El mismo paquete legislativo tiene una perla: la Ley 27.828, sancionada el 24 de septiembre y publicada el 13 de octubre de 2026, redujo el alcance del Régimen de Zona Fría para usuarios de gas y habilitó un mecanismo para cancelar obligaciones de distribuidoras eléctricas con CAMMESA mediante créditos reconocidos por diferencias tarifarias.

Para acceder, las empresas deben renunciar a reclamos administrativos y judiciales. En una misma norma, el usuario de la Patagonia pierde el descuento y la distribuidora gana la compensación. El ajuste tiene destinatario y tiene beneficiario, y no son la misma persona.

Hay un caso que resume el modelo. El 10 de noviembre de 2026, el directorio de Naturgy BAN aprobó un anticipo de dividendos en efectivo por $35.900 millones y lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores. Por esos mismos días, publicaciones periodísticas informaron que la distribuidora tenía aproximadamente 45.000 millones de pesos en facturas vencidas e impagas por compras de gas a Enarsa, empresa estatal.

Casi el mismo número: lo que le paga a sus accionistas es lo que le debe al Estado. En la documentación pública consultada no aparecen intimaciones fechadas, convenios de pago ni constancias de pagos parciales de Enarsa por ese saldo. El acreedor estatal, mudo. El deudor privado, repartiendo.

El reparto hacia arriba no es exclusivo de la energía. Grupo Financiero Galicia informó un dividendo en efectivo de alrededor de 150.000 millones de pesos con fecha de pago en mayo de 2026 y otro de 40.000 millones en tres cuotas entre julio y septiembre.