Por Jefatura de Prensa de Esperanza Nacional

El espacio político que lidera Nicolás Hourclé decidió salir del terreno de las generalidades y plasmar por escrito un programa que, lejos de las recetas de manual o de los parches tecnocráticos, apunta directamente al andamiaje jurídico que mantiene atada a la Argentina al subdesarrollo.

Estas son las soluciones que comienza a proponer Esperanza Nacional, y el primer impacto llega por el lado más sensible: el sistema financiero.

El diagnóstico que manejan dentro de la agrupación es taxativo y, para muchos economistas ortodoxos, incómodo de abordar.

La Ley de Entidades Financieras (la 21.526, diseñada por Martínez de Hoz y heredada de la última dictadura) continúa vigente, y cualquier intento de reactivación genuina seguirá chocando contra un muro de hormigón armado. Porque esa norma no organizó el crédito para impulsar el campo o la industria; lo que hizo fue estructurar un mecanismo mediante el cual el ahorro interno se transforma en bicicleta financiera y fuga de capitales, desconectando al peso de la producción real. Derogarla no es, para Esperanza Nacional, un capricho ideológico, sino la condición necesaria para que el Estado recupere el señoreaje y el Banco Central deje de ser una agencia de liquidación de pasivos para volver a convertirse en una herramienta de desarrollo.

En esa línea, el planteo es categórico respecto de la moneda: sin un curso legal firme y sin una defensa activa del peso, el país se resigna a convertirse en una suerte de colonia financiera donde la dolarización de facto termina definiendo el rumbo.

Lo que proponen es modificar la lógica de raíz: que el sector financiero deje de ser un poder autónomo que condiciona al Estado y pase a funcionar como un servicio público orientado a la producción.

Pero el plan no se detiene allí. La segunda pata de este esquema se apoya en una idea que suena antigua, pero que Hourclé actualiza con una mirada geopolítica muy clara: la recuperación económica no llegará por el derrame del capital concentrado, sino por el fortalecimiento del entramado industrial y comunitario local. En ese sentido, el impulso a las pymes y las cooperativas no constituye una concesión retórica, sino una estrategia de competitividad internacional pensada a largo plazo.

¿Cómo se traduce eso? Rompiendo los monopolios internos que fijan precios y, al mismo tiempo, conformando consorcios de exportación que permitan a los pequeños productores llegar al mundo sin la intermediación de las grandes cerealeras o los pools de siembra. Pero el verdadero eje de esta etapa productiva aparece en la reconstrucción ferroviaria. Para la agrupación, el tren no es un souvenir nostálgico, sino el gran ecualizador del territorio. Hoy, el mapa de rutas y fletes está diseñado para que todo termine en el puerto de Buenos Aires, con costos logísticos que duplican el valor de los bienes en el interior. Recuperar la red de cargas y pasajeros implica un acto de federalismo práctico: descentralizar el AMBA, devolver vida económica a los pueblos del interior y cortar la dependencia del puerto único como cuello de botella del comercio exterior.

Ahora bien, los referentes de Esperanza Nacional son conscientes de que estos cambios no pueden sostenerse con la arquitectura jurídica actual. Por eso, el programa incluye un punto que suele generar incomodidad en los círculos académicos tradicionales: la necesidad de una reforma constitucional profunda. El diagnóstico sostiene que la reforma de 1994, al incorporar los tratados internacionales por encima de la legislación doméstica, blindó un modelo donde el capital especulativo tiene más derechos que el trabajo nacional. Lo que proponen no es una modificación cosmética, sino una nueva Carta Magna que incorpore la imprescriptibilidad de la soberanía sobre los recursos naturales, la función social de la propiedad y mecanismos de democracia participativa que permitan a las regiones tener voz y voto en las decisiones económicas que las afectan.

En esa misma dirección, el nuevo pacto tributario que esbozan es brutalmente sencillo en su formulación, aunque complejo en su implementación: que pague más quien más tiene y quien especula, y que se libere de cargas a la inversión productiva, al empleo registrado y a la innovación tecnológica. Un sistema progresivo que, de aplicarse, modificaría de raíz la estructura de incentivos de la economía argentina y terminaría con la asfixia fiscal que hoy afecta a las pequeñas y medianas empresas.

Otro de los ejes que atraviesa esta hoja de ruta es la redefinición del rol del Estado en áreas sensibles como la salud, la educación y la defensa. Lejos de las tesis del achicamiento estatal que impulsa el establishment financiero, Esperanza Nacional aboga por un Estado fuerte, tecnificado y con presencia efectiva en todo el territorio. En materia sanitaria, el planteo es ambicioso: integrar el sistema para garantizar acceso universal, pero con especial énfasis en la descentralización de la alta complejidad. El objetivo es que ningún argentino tenga que migrar de su provincia para realizar un tratamiento oncológico o una cirugía cardiovascular, lo que implicaría un plan de inversión masivo en institutos regionales que, además, generaría empleo calificado en el interior.

En educación, la apuesta se orienta a la recuperación de la rigurosidad pedagógica y la centralidad del conocimiento científico, con una formación técnica vinculada directamente a los polos productivos de cada región. Y en materia de defensa, el planteo es todavía más explícito: fortalecer a las Fuerzas Armadas implica reequiparlas con tecnología moderna, recuperar la capacidad de la industria nacional para la defensa a través de astilleros y fábricas militares, y revalorizar el papel del militar en la custodia de los recursos estratégicos y del territorio.

Finalmente, el vector geopolítico del plan encuentra su máxima expresión en la causa Malvinas.

Para Esperanza Nacional, el reclamo por las islas no puede seguir siendo un ejercicio de retórica diplomática estacional ni una bandera que se agita cada 2 de abril para olvidarla al día siguiente.

La propuesta es convertir la causa Malvinas en el eje ordenador de la geopolítica argentina, entendiendo que las islas constituyen la llave de acceso al Atlántico Sur y a la Antártida.

Eso implica una política de Estado inquebrantable que combine presión diplomática permanente, ahogo económico a las empresas que exploten ilegalmente recursos en la zona en disputa y un vínculo cultural y educativo interno que mantenga viva la memoria del Atlántico Sur como territorio nacional. La idea es trasladar la discusión del mero reclamo territorial al terreno de los hechos concretos.

En definitiva, lo que Esperanza Nacional viene a plantear es un programa de descolonización económica y política que no busca regular el orden existente, sino subvertir la lógica que ata a la Argentina al subdesarrollo.

Estas son las soluciones concretas que comienzan a tomar forma y que buscan romper con la dependencia de los centros de poder financiero. Porque el objetivo final, tal como lo sintetiza Hourclé, no es administrar la decadencia, sino construir las bases de una soberanía real que tenga al trabajo, la producción y la integración territorial como pilares fundamentales.