Por Eva Gigena

La Argentina transcurre sus días atrapada en un debate público encendido sobre el rumbo de su economía y el tamaño del Estado. Sin embargo, en la agenda de prioridades políticas suele omitirse o subestimarse el factor subyacente que dinamita cualquier intento de progreso sostenible: la corrupción estructural.

Desde una doctrina auténticamente liberal y republicana, la corrupción no puede ser un tema secundario ni una mera bandera retórica de campaña. Es, por el contrario, la mayor amenaza contra las libertades individuales, la libre competencia y el imperio de la ley.

Para un espíritu liberal, la corrupción es mucho más que el desvío moral de un funcionario; es una distorsión violenta del mercado. Cuando el éxito de un emprendimiento no depende de la calidad de sus servicios sino de su cercanía con el poder de turno, el sistema se pervierte. Pasamos de un capitalismo de libre mercado a un "capitalismo de amigos".

Este entramado corporativista ahuyenta la inversión extranjera, destruye los derechos de propiedad y actúa como un "impuesto oculto" que pagan todos los ciudadanos a través de peores servicios y obras públicas sobrevaluadas.

La caída de la Argentina en las mediciones internacionales refleja la gravedad del problema. El último Índice de Percepción de la Corrupción ubicó al país en el puesto 104 a nivel global, consolidando un retroceso institucional que nos aleja del mundo desarrollado. Limitar la crítica de la corrupción únicamente al tamaño del gasto público es tener una visión hemipléjica de la realidad. El verdadero desafío republicano consiste en desmantelar los privilegios regulatorios y los monopolios otorgados a dedo en las contrataciones estatales.

El pilar de una República es su sistema de frenos y contrapesos. Hoy asistimos con alarma a la ineficacia o neutralización de los organismos de control y a la falta de respuestas contundentes por parte del Poder Judicial ante escándalos de desvíos de fondos en dependencias públicas. Una Justicia lenta o condicionada es sinónimo de impunidad. Sin una auditoría imparcial y transparente de las compras del Estado, la división de poderes se convierte en una ficción peligrosa.

Garantizar la libertad de los ciudadanos exige, de manera indispensable, limitar el poder discrecional de los gobernantes. Si aspiramos a ser una nación moderna y próspera, debemos comprender que la reforma económica debe ir de la mano con una profunda regeneración institucional.

No habrá reactivación económica duradera ni seguridad jurídica real mientras las reglas del juego sigan siendo dictadas por la opacidad y el clientelismo. La transparencia no es un lujo bienpensante; es la condición necesaria para que la libertad sea una realidad.