La investigación sobre OSPRERA y sus contrataciones con HTECH Innovation recibió un duro golpe en la Cámara Federal porteña. La Sala II anuló por mayoría las órdenes de allanamiento del 11 y 13 de mayo de 2026 y todo lo actuado como consecuencia de esas medidas, al considerar comprometidos el debido proceso y el derecho de defensa.

El fallo expuso irregularidades difíciles de disimular. En el procedimiento realizado en el domicilio de Virginia Montero no quedó constancia de que se le hubieran informado sus derechos antes de pedirle las claves de sus dispositivos, mientras que su abogada denunció que no pudo ingresar al allanamiento incluso después de recibir autorización judicial.

La Cámara también volteó el apartado que sostenía las medidas cautelares patrimoniales. Los jueces cuestionaron que la resolución mezclara decomisos, multas, indemnizaciones y costas sin explicar adecuadamente el peligro concreto que justificaba anticipar las restricciones, por lo que ordenaron al juzgado dictar una nueva decisión ajustada a derecho.

El expediente tampoco queda aislado de UATRE. La propia causa consigna su vinculación con otros expedientes donde la fiscalía había marcado el interés político existente alrededor de la pretendida intervención del gremio y de la intervención de OSPRERA.

Los fallos no cerraron la investigación ni declararon inexistentes los hechos denunciados. Pero para una trama que ya venía cargada de interrogantes alrededor de OSPRERA y UATRE, que medidas centrales terminen anuladas por fallas procesales agrega otro capítulo incómodo y obliga a reconstruir parte del camino judicial.