La causa judicial por presunta contaminación ambiental en el puerto de Mar del Plata sumó una nueva presentación ante la Justicia Federal. El denunciante Roberto V. Maturana amplió la denuncia penal y aportó documentación oficial vinculada a la presencia de metales pesados en harinas de pescado elaboradas a partir de residuos industriales.

Según el escrito presentado en la causa 12014951, la nueva prueba central es un informe técnico elaborado por la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET a pedido del SENASA en 2021. El documento analiza el riesgo por presencia de cadmio en harinas de pescado argentinas y sostiene que la materia prima utilizada, compuesta por vísceras y descartes de pescado, actúa como bioacumulador de metales pesados.

Maturana afirmó que el propio Estado Nacional reconoció internamente que el proceso industrial concentra niveles críticos de cadmio durante las etapas de cocción, secado y evaporación. En ese marco, remarcó que el SENASA incluso gestionó ante autoridades de China la modificación de los límites permitidos de cadmio para exportación de harinas de pescado argentinas.

En la ampliación de la denuncia también se apunta contra el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, la Municipalidad de General Pueyrredón, Obras Sanitarias, la Autoridad del Agua y el Ministerio de Ambiente bonaerense por presuntas omisiones de control ambiental.

El denunciante sostuvo que las plantas harineras continúan funcionando sin incorporar sistemas tecnológicos de mitigación para capturar gases y material particulado con presencia de metales pesados. En ese sentido, aclaró que no pide el cierre de las fábricas ni la pérdida de puestos laborales, sino la adecuación tecnológica obligatoria de las instalaciones.

Dentro de la presentación judicial se describen distintos mecanismos de ingeniería ambiental que, según el escrito, deberían implementarse para reducir emisiones contaminantes. Entre ellos aparecen filtros especiales, sistemas de captura de partículas, lavadores de gases y procesos de adsorción con carbón activado.

Maturana además vinculó la problemática ambiental con los olores persistentes que afectan distintos barrios de Mar del Plata y denunció que la situación convierte a sectores cercanos al puerto en una “zona de sacrificio ambiental”. Finalmente, pidió que la Justicia intime a las empresas a presentar un plan de adecuación tecnológica en un plazo de 15 días y que las obras sean ejecutadas en un máximo de seis meses.