Desde sectores opositores sostuvieron que el caso expone “falta de transparencia” y posibles irregularidades administrativas relacionadas con fondos que debían destinarse a mejorar la infraestructura eléctrica local. Además, remarcaron que desde hace años vienen impulsando pedidos de informes y cuestionamientos sobre contrataciones, manejo presupuestario y utilización de recursos municipales.

También señalaron preocupación por el contexto económico que atraviesa el municipio, marcado por conflictos salariales y reclamos vinculados a servicios públicos. Según expresaron, resulta necesario avanzar con mayores niveles de control institucional y garantizar mecanismos reales de acceso a la información pública.

En ese marco, insistieron en que la investigación judicial debe avanzar hasta esclarecer completamente qué ocurrió con los fondos destinados a la obra de repotenciación eléctrica y advirtieron que el control sobre la administración municipal “no puede interpretarse como un ataque político”.