La presentación fue realizada por Fernando Miguez, titular de la organización denunciante, junto a la abogada Marcela Scotti. En el escrito se sostiene que existiría un "entramado delictivo coordinado" destinado a canalizar dinero presuntamente proveniente de actos de corrupción pública hacia consumos suntuarios mediante operaciones en efectivo y fuera de los controles fiscales y bancarios.

El documento menciona delitos como asociación ilícita, lavado de activos, defraudación contra la administración pública, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la denuncia, los acusados habrían actuado de manera coordinada utilizando estructuras societarias y vínculos de confianza dentro del Gobierno nacional para ocultar el origen de determinados fondos.

La supuesta relación entre Karina Milei y Bettina Angeletti

En el relato de los hechos, la Fundación asegura haber recibido información proveniente de "fuentes internas" de la Secretaría General de la Presidencia que darían cuenta de una relación de confianza y prestación de servicios entre Karina Milei y Bettina Julieta Angeletti desde el año 2019.

La denuncia sostiene que Angeletti habría trabajado en tareas vinculadas al "coaching estético y discursivo" de la funcionaria nacional mediante la sociedad AS Innovación Profesional SRL, creada formalmente en febrero de 2020.

En el escrito se afirma que el objetivo de esos servicios habría sido reformular la imagen pública de Karina Milei tomando como referencia estética a la reina Máxima de los Países Bajos.

Además, el documento señala que la situación patrimonial y fiscal de Angeletti no sería compatible con el nivel de gastos que, según los denunciantes, habría realizado. Allí se remarca que figura como monotributista de baja escala y con una facturación "insignificante", por lo que consideran imposible justificar determinados movimientos económicos.

El presunto pago de 30 mil dólares y la clínica odontológica

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial gira en torno a un supuesto tratamiento odontológico de alta gama realizado en una clínica de Puerto Madero.

Según la denuncia, Karina Milei habría recomendado a Angeletti someterse a un diseño de estética bucal VIP para mejorar su proyección política de cara a una eventual candidatura legislativa en 2027.

En ese marco, se acusa al odontólogo Carlos Miguel Cecchi de haber recibido un pago en efectivo de 30 mil dólares estadounidenses por el tratamiento. El escrito asegura que la operación se habría realizado sin bancarización y sin emisión de factura fiscal, con el supuesto objetivo de ocultar el origen del dinero.

La denuncia agrega que el dinero habría sido entregado directamente en el consultorio odontológico de Puerto Madero y que el profesional médico habría aceptado la operación omitiendo controles vinculados a la prevención de lavado de activos y obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los delitos denunciados y el pedido de allanamientos

En el apartado de calificación legal, la Fundación sostiene que existiría una asociación ilícita integrada por los denunciados, con una división de tareas orientada a obtener, trasladar y blanquear dinero de origen presuntamente ilegal.

También se menciona el delito de lavado de activos por la utilización de efectivo para adquirir servicios médicos de lujo, así como una presunta defraudación contra la administración pública por considerar que existiría incompatibilidad entre los ingresos declarados y los gastos denunciados.

La presentación judicial además atribuye posibles hechos de cohecho pasivo y violación de deberes de funcionario público a Manuel Adorni y Karina Milei por supuestas omisiones en materia de transparencia y control ético dentro de la función pública.

Finalmente, los denunciantes solicitaron medidas urgentes de instrucción, entre ellas allanamientos sobre la clínica odontológica ubicada en Puerto Madero y sobre el domicilio legal de AS Innovación Profesional SRL, además de requerimientos de información a la Secretaría General de la Presidencia sobre posibles contratos o pagos vinculados a Bettina Angeletti o su empresa.

En el cierre del escrito, Fernando Miguez pidió la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal y reclamó que la Justicia avance "bajo estricto secreto de sumario" para preservar pruebas y evitar eventuales alteraciones de documentación sensible.