Un proyecto de ley presentado en la Provincia de Buenos Aires propone evitar la privatización de la Unidad Turística Chapadmalal y recuperar su administración bajo un esquema de turismo social. La iniciativa apunta directamente contra los planes de concesión impulsados a nivel nacional, que contemplan la participación del sector privado.

El texto plantea que el complejo debe volver a estar bajo control estatal, al considerar que se produjo una desnaturalización de su finalidad original, vinculada al acceso de sectores populares al turismo. En ese sentido, establece que los predios y edificios forman parte del patrimonio histórico y social bonaerense y deben destinarse exclusivamente a ese objetivo.

Además, el proyecto instruye a avanzar con acciones judiciales para recuperar la titularidad de los inmuebles y declara inválidos los contratos de concesión que no respeten el carácter social del complejo. También propone garantizar el acceso prioritario a jubilados, estudiantes y delegaciones, reforzando su función como política pública.

La iniciativa cuestiona de fondo la lógica de privatización, al advertir que transformar el complejo en un negocio implica convertir un derecho en un servicio pago, restringiendo el acceso a quienes históricamente pudieron vacacionar allí. El planteo apunta a evitar que un espacio emblemático sea tratado como un activo comercial.

Chapadmalal fue creado en la década del 40 como parte de una política estatal que buscaba garantizar vacaciones para trabajadores. A lo largo de los años, miles de personas pudieron acceder al mar a través de este sistema, lo que lo convirtió en un símbolo del turismo social en Argentina.

En ese marco, el proyecto sostiene que la posible concesión a privados por tres décadas no solo pone en riesgo su uso público, sino que implica un cambio estructural en el modelo. La discusión vuelve a instalar el debate sobre el rol del Estado y el acceso igualitario a derechos básicos como el descanso y el turismo.