Durante más de 2 décadas, empresas harineras del puerto de Mar del Plata acumulan denuncias por presunta contaminación ambiental, en un escenario que distintos informes técnicos y judiciales describen como una situación de daño sostenido y con escasa respuesta efectiva de los organismos de control.

Según la información aportada, las firmas COOMARPES y Agustiner continúan operando sin contar con autorizaciones ambientales plenas, mientras se cuestionan los sistemas utilizados para el tratamiento de gases y efluentes.

El eje del conflicto radica en los métodos de "lavado de gases" implementados por las empresas, que lejos de eliminar la toxicidad de las emisiones, transformarían los compuestos en sustancias igualmente peligrosas.

En particular, la interacción entre trimetilaminas (responsables del característico olor a pescado en descomposición) y el ozono generaría subproductos como nitrosaminas y aerosoles orgánicos secundarios, señalados como potencialmente cancerígenos.

Estos compuestos, sumados a aldehídos y cetonas derivados del proceso, se dispersarían en el aire afectando a la población, con especial impacto en niños, personas con enfermedades respiratorias y grupos vulnerables.

A su vez, los tratamientos trasladarían la contaminación del aire al agua. El uso de ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio y soda cáustica en sistemas tipo Venturi y torres de lavado produciría efluentes altamente tóxicos, con niveles de acidez y carga orgánica que superarían los límites legales.

Estos residuos, considerados peligrosos por la normativa vigente, terminarían generando lodos contaminantes y afectando tanto el sistema hídrico como el ecosistema marino. Informes de organismos como el INTI, el OPDS y fuerzas federales habrían constatado estas irregularidades en distintas instancias entre 2020 y 2025.

Otro punto crítico es la ausencia de tecnología adecuada para la destrucción de gases. Aunque las empresas habrían asumido el compromiso de instalar termodestructores, peritajes indican que las calderas en funcionamiento no alcanzan las temperaturas necesarias para neutralizar compuestos tóxicos. Esto implicaría que las emisiones continúan liberándose al ambiente sin el tratamiento requerido, profundizando el impacto sobre la salud pública.

El marco legal argentino, a través de la Ley General del Ambiente y normativas complementarias, establece principios como el precautorio y el de prevención, que obligan a actuar ante riesgos de daño grave aun sin certeza absoluta. Sin embargo, la información señala que, pese a la existencia de pruebas técnicas y fallos judiciales que advierten sobre la contaminación, la respuesta judicial habría sido dilatoria.

En ese contexto, crecen los cuestionamientos sobre la falta de medidas urgentes para frenar un problema que vecinos y especialistas consideran estructural, y que sigue poniendo en tensión la relación entre producción industrial, salud y ambiente en la ciudad.