Por Gustavo Zandonadi

Tomar a un trabajador, quitarle prácticamente todos sus derechos laborales, descargar sobre él los costos de producción, despedirlo y convencerlo de que no perdió su empeo, sino que acaba de convertirse en empresario, constituye uno de los engaños más exitosos de las últimas décadas. La esclavitud moderna no usa cadenas, le alcanza con una aplicación instalada en un teléfono celular.

Durante más de un siglo las luchas sociales estuvieron orientadas a buscar la dignidad para los que solo tenían su tiempo y su fuerza de trabajo para vender en el mercado. La jornada laboral, las vacaciones pagas, la indemnización, las licencias, los convenios colectivos de trabajo y la seguridad social nacieron de ese conflicto. Sin embargo, alguien encontró una solución brillante: hacer desaparecer al patrón y al trabajador de la escena. 

Es muy fácil: estos actores siguen existiendo, pero son invisibles. Ya no hay un gerente que elabora un reglamento, ni un supervisor recorriendo la fábrica. Ahora mismo vivimos la dictadura del algoritmo. Él decide cuánto vale nuestro trabajo y lo que es peor, quién puede seguir trabajando mañana y quien tendrá que salir a buscar otro empleo.

El repartidor pone la bicicleta y el conductor pone el auto. Muchos son desocupados que perdieron su trabajo por la crisis, otros trabajan ahí porque en sus empleos formales ganan sueldos de miseria. Todos trabajan muchas horas por día, pero al mismo tiempo no trabajan. El chofer paga el combustible, el mantenimiento y el seguro. Ambos pagan el teléfono y ponen el tiempo, la responsabilidad y el cuerpo. La plataforma aporta una aplicación y se queda con gran parte del negocio. 

A cambio de unas chirolas que no alcanzan ni para un atado de cigarrillos, los "socios conductores" o los "ríder" llevan al pasajero o la pizza, que para el caso son la misma cosa. La narrativa dominante (una suerte de "mentime que me gusta") insiste en que quien realiza estos trabajos es un "emprendedor" independiente. Ahí es donde radica la estafa.

Una mentira sólo puede sostenerse por la repetición permanente. Nadie que dependa de otro para generar ingresos es dueño de nada. Si hay subordinación técnica (el soporte que da la aplicación); jurídica (si el "emprendedor" no hace los viajes lo suspenden) y económica (la app le paga al "emprendedor") hay relación de dependencia, aunque insistan en hacerles creer que son sus propios jefes. 

Estos "jefes" son trabajadores asalariados de los que nadie se hace cargo. No tienen la cobertura -o lo que a duras penas sobrevive de ella- que asegura la maltratada legislación laboral argentina. Así van por la vida: sin sueldo básico, sin horas extras, sin obra social, sin vacaciones, sin nada. Pero eso sí, convencidos de que son libres. Hasta tienen la libertad de tener la heladera vacía. 

La falsa libertad

Resulta fascinante observar el comportamiento del gobierno libertario frente a este fenómeno. Los mismos que llegaron al poder denunciando haciendo campaña contra el derecho laboral, denunciando una inexistente "industria del juicio" llegaron al gobierno con una granada en la mano. Le quitaron la espoleta, la arrojaron contra la Ley 20.744 y fueron a presenciar la explosión. 

Tan cínicos son que le hicieron creer a sus votantes que un juicio laboral es resultado de la ambición de un inescrupuloso que necesita de los servicios de un abogado para arrancarle millones a una empresa cuyo destino es la quiebra. Nada más alejado de la realidad que ese verso perverso.

Cada juicio laboral está precedido de un incumplimiento por parte del empleador. La mejor defensa contra el accionar de los trabajadores es el cumplimiento estricto de la norma. El empresario no es un benefactor ni un filántropo. Es alguien que compra fuerza laboral y debe pagar por ella lo que corresponde.

El daño que causa el trabajo no registrado es altísimo: afecta al bolsillo del trabajador, abandona el cuidado de su salud y atenta contra su jubilación. Justamente, ahí nacen los mal llamados "jubilados sin aportes" otra falacia de la derecha. No hay "jubilados sin aportes", hay sinvergüenzas que se quedan con ese dinero. Lo que cambió ahora es que el régimen mileista legalizó el delito de guante blanco, derogando la parte principal de la Ley 24.013. 

Todo lo hicieron en nombre de la libertad, pero ¿De qué libertad hablan? ¿Quién puede ser libre en medio de la negación de sus derechos? Resulta más que evidente que esa libertad no es para los trabajadores, que cada vez quedan más lejos del aspiracional de ser clase media. Por otra parte, la clase media lucha para no ser pobre. Esa es la libertad que propone el régimen mileista: la Argentina uberizada, sin derechos y sin futuro.