Mientras cada invierno vuelve a instalarse la preocupación por las intoxicaciones por monóxido de carbono, una tecnología desarrollada en Mar del Plata desde hace más de una década continúa esperando el salto definitivo desde los laboratorios hacia la masificación y la obligatoriedad normativa.

El debate volvió a tomar fuerza a partir de distintos expedientes legislativos nacionales, provinciales y municipales que intentaron convertir en política pública una herramienta creada por investigadores locales: una llave disyuntora inteligente capaz de detectar monóxido de carbono y cortar automáticamente el suministro de gas antes de que ocurra una tragedia.

La problemática no es menor. Según datos incluidos en los fundamentos parlamentarios, el Ministerio de Salud estima alrededor de 250 muertes anuales por intoxicaciones con monóxido de carbono en Argentina, mientras que entre 2018 y 2019 se notificaron 2.918 casos en todo el país. A esto se suma un dato alarmante: cerca del 40 por ciento de quienes sobreviven a intoxicaciones severas pueden quedar con secuelas neurológicas irreversibles.

Detrás de la innovación aparece el trabajo conjunto de investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes desarrollaron un dispositivo capaz de detectar tempranamente la presencia de monóxido de carbono y gases combustibles, generando automáticamente el corte del suministro.

La iniciativa no quedó únicamente en el ámbito científico. Desde hace años, distintos proyectos legislativos buscaron incorporar la herramienta dentro del sistema normativo argentino. Uno de los antecedentes más importantes fue el proyecto presentado en 2020 por diputados nacionales encabezados por Graciela Camaño, junto a Alejandro Rodríguez, Jorge Sarghini, Eduardo Bucca, Enrique Estévez y Miguel Costas Zottos.

La propuesta declaraba de interés público la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y proponía cambios profundos: obligar a que nuevos artefactos a gas incorporen sistemas automáticos de corte, readecuar equipos existentes, instalar detectores en dependencias públicas nacionales y generar líneas de financiamiento para facilitar la adaptación tecnológica.

El proyecto también planteaba modificar normas técnicas del ENARGAS, incorporando especialistas científicos en las mesas asesoras y creando campañas nacionales de concientización.

Pero el impulso legislativo tuvo raíces previas. En 2018, investigadores y familiares de víctimas participaron de exposiciones públicas ante diputados nacionales para explicar la importancia del dispositivo y la necesidad de actualizar marcos regulatorios que, según señalaron, quedaron rezagados frente a los avances tecnológicos.

En paralelo, la problemática también llegó a los ámbitos provinciales y municipales. En la provincia de Buenos Aires se impulsaron expedientes vinculados a prevención y seguridad por monóxido de carbono, mientras que en General Pueyrredon el Concejo Deliberante (HCD) abordó iniciativas relacionadas con la incorporación y promoción de estas tecnologías preventivas.

La discusión cobra especial relevancia en Mar del Plata, ciudad donde se desarrolló buena parte de la investigación científica que dio origen al sistema. Un estudio realizado sobre ambientes internos y externos de la ciudad reveló datos preocupantes: uno de cada veinte calefones, termotanques, calefactores, hornallas y calderas relevadas emitía monóxido de carbono, mientras que el escenario era aún peor en hornos utilizados con la puerta abierta. Además, apenas el 45,6 por ciento de las personas consultadas había realizado controles sobre artefactos a gas durante el último año.

Los investigadores remarcan que el monóxido de carbono continúa siendo especialmente peligroso porque no tiene olor, color ni sabor. Sin embargo, el relevamiento local mostró que una de cada cuatro personas todavía cree erróneamente que puede detectarse por el olor, lo que aumenta los riesgos de exposición.

La paradoja aparece clara: Argentina cuenta con una patente desarrollada por investigadores locales, prototipos instalados, validación científica y años de trabajo interdisciplinario, pero todavía sin una implementación masiva ni obligatoriedad extendida.

Mientras las bajas temperaturas vuelven a multiplicar el uso de calefactores, estufas y hornos, la pregunta permanece abierta: cuánto tiempo más seguirá esperando una tecnología creada para evitar muertes que, según los propios fundamentos legislativos, son prevenibles y evitables.