Por Julio Razona

La justicia se construye con el intercambio de argumentos. Los abogados tenemos la posibilidad de presentar ante un juez distintas interpretaciones de la ley, exponer las circunstancias del conflicto y mostrar las consecuencias humanas de cada posible decisión.

La tarea judicial exige escuchar esos planteos con independencia y examinarlos con rigor. Interpretar la norma no es repetir sus palabras ni sustituirlas por preferencias personales: es comprender su sentido, relacionarla con los principios constitucionales y aplicarla de manera razonada y humana al caso concreto.

El magistrado debe fundamentar por qué acepta una interpretación y descarta otra, dando respuesta a los argumentos decisivos de las partes. Esa explicación permite comprender y controlar el ejercicio del poder judicial, a la vez que reconoce el valor de la labor de los abogados y el derecho de las personas a ser oídas.

Repetir resoluciones anteriores sin el análisis propuesto por la parte interesada, copiando y pegando dogmas, nos lleva a una Justicia Artificial dominada por presiones políticas, corporativas o del NOM, que utiliza la manipulada inteligencia artificial.

Fallos recientes relacionados con la institucionalización de niños, la vacunación por la fuerza, la hormonización y las amputaciones a menores de edad, entre otros, interpretan el “interés superior del niño” en función de la conveniencia política y no en beneficio del afectado y su familia, y anulan el ejercicio de la “patria potestad”. Estas decisiones demuestran que se deja de lado la dignidad humana y se impone un transhumanismo diabólico.