Hay días en que el Concejo Deliberante de Morón vuelve a ser lo que debe ser: el control del pueblo sobre el Ejecutivo.

Eso ocurrió en la sesión del 12 de noviembre de 2026.

Ese día, el concejal villarruelista Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, mocionó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de su autoría que había ingresado por Mesa de Entradas el 25/9/2026, bajo el Expediente número 91363/26.

La iniciativa reunió los dos tercios de los votos de la totalidad de los concejales y se sancionó como ordenanza.

El resultado final fue de 16 votos favorables contra 6 negativos del PJ-MDF y 2 del Frente Renovador.

Su objeto exacto es que no se supriman más los anexos. Así lo establece el artículo 1 del proyecto:

Instrúyase al Departamento Ejecutivo a que, a través de la Dirección de Boletín Oficial y Asuntos Técnicos, suprima en lo sucesivo de todas las publicaciones del Boletín Oficial Municipal la leyenda: “Por razones de espacio, los Anexos deberán ser solicitados en el Honorable Concejo Deliberante o en la Dirección de Asuntos Técnicos” o cualquier otra de similar tenor que implique derivación, ocultamiento o acceso condicionado.

Es decir, busca poner fin a la omisión del intendente, que no cumple con la obligación del Estado municipal de garantizar el acceso a la información pública mediante la publicación íntegra de la normativa local en el Boletín Oficial Digital, sin recortar los anexos.

Los demás artículos lo dejan aún más claro:

Art. 2: Establecer la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial Digital Municipal en forma íntegra, completa y en formato abierto (PDF/A con reconocimiento de texto) tanto el texto de la Ordenanza, Decreto o Resolución, como la totalidad de sus respectivos Anexos, planos, convenios y documentación complementaria que forme parte integrante del acto.

Art. 3: La publicación deberá garantizar el acceso irrestricto, gratuito, sin necesidad de registro previo, desde cualquier dispositivo y en cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y la Ley 26.653 de Accesibilidad Web.

Art. 4: En caso de que el Anexo supere por su volumen la capacidad de visualización simple, deberá publicarse mediante link de descarga directa, código QR o archivo embebido, pero siempre dentro de la misma publicación del Boletín, sin derivación a trámite presencial.

Art. 5: De forma.

En los fundamentos, Aguilera no habla en abstracto, sino que denuncia una práctica concreta:

La práctica administrativa del Municipio de Morón de publicar ordenanzas en el Boletín Oficial Municipal en forma incompleta, consignando la leyenda “Por razones de espacio, los Anexos deberán ser solicitados en el HCD o en la Dirección de Asuntos Técnicos”.

Además, el concejal sostiene lo siguiente, tal como lo expuso al mocionar el tratamiento sobre tablas:

1. Publicidad republicana. El Boletín Oficial es el instrumento por el cual el Estado cumple con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, requisito esencial para su validez y obligatoriedad, conforme al art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación.

2. No hay fundamento técnico. La publicación digital que realiza el Municipio no tiene respaldo legal ni técnico que justifique dicha limitación. La frase “por razones de espacio” pertenece a la era del papel, no a la digital.

3. Falsedad técnica e irracionalidad administrativa. Invocar “razones de espacio” en un boletín digital no tiene sentido técnico ni administrativo: un PDF pesa kilobytes. Un servidor municipal puede alojar millones de documentos. No existe costo de impresión, ni límite de páginas, ni depósito. Alegar falta de capacidad en un archivo digital es tan absurdo como decir que se acabó la tinta en internet. Lo que hay es una decisión deliberada de ocultar información.

4. El Anexo es parte de la norma. La información pública debe estar completa, no mutilada. Una ordenanza sin su anexo es un acto trunco. Publicar una sin el otro es como dar a conocer una sentencia sin la parte resolutiva.

5. Derivar es obstruir. Enviar al vecino al HCD o a Asuntos Técnicos para pedir un anexo implica: a) obstaculizar el acceso a la información; b) generar un traslado físico innecesario; c) exigir disponibilidad de tiempo al interesado; d) supeditar la consulta a la buena voluntad del funcionario de turno; e) violar el principio de informalismo y gratuidad.

6. Marco normativo. Constitución Nacional, arts. 1, 33 y 75 inc. 22; principio republicano de publicidad de los actos de gobierno; Pacto de San José de Costa Rica, art. 13 (derecho a buscar y recibir información); Ley Nacional número 27.275 de Acceso a la Información Pública; Ley Provincial número 14.828; Ley número 25.506 de Firma Digital; Ley de Procedimiento Administrativo 19.549, art. 7 inc. f).

7. Transparencia activa. En el Estado, la información se presume pública. Mandar al ciudadano a solicitarla vulnera la transparencia activa: la administración debe publicarla en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, sin necesidad de que el interesado la requiera.

8. Publicidad mutilada igual a clandestinidad administrativa. No hay acto público a medias.

Y cierra con un dato demoledor: el Boletín Oficial Municipal, alojado en http://moron.gob.ar, tiene una capacidad actual de 15 MB por archivo. Subir un anexo de 500 fojas en PDF/A es una tarea que no insume más de 15 minutos. Existen herramientas gratuitas de compresión y OCR. La Provincia de Buenos Aires (SIBOM) publica ordenanzas y anexos en un soporte de 500 terabytes. No hay excusa técnica. No hay imposibilidad. Mantener la leyenda cuestionada es una decisión política de opacidad.

El argumento que le dio peso constitucional a la exposición: el fallo de la CSJN “ADC c/ PAMI”

Durante su intervención, Aguilera hizo hincapié en los argumentos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación Derechos Civiles c/ EN - PAMI - (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012, originada en una acción de amparo contra el PAMI por el acceso a la información sobre publicidad oficial.

Se trata del fallo fundacional en la Argentina en materia de acceso a la información pública.

¿Qué había ocurrido? La Asociación por los Derechos Civiles le había solicitado al PAMI los datos relativos al presupuesto de pauta oficial para 2009 y a la inversión publicitaria de mayo y junio de ese año, detallada por rubro, medio, productora, programa, campaña y agencia. El organismo se negó con el argumento de que no era Estado y de que el Decreto 1172/03 no le resultaba aplicable.

La Corte, con la firma de todos sus ministros, le ordenó entregar la información.

Y dejó pasajes que Aguilera utilizó como columna vertebral de su exposición:

“El acceso a la información pública constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho, pues se trata de un derecho humano fundamental, un instrumento para la participación ciudadana, un elemento para garantizar otros derechos, una herramienta para garantizar la gestión pública y una vía indispensable para el control de la cosa pública”.

“Resulta razonable y deriva del derecho de acceso a la información pública que tiene todo ciudadano de conformidad con los artículos 1, 14, 16, 31, 32, 33 y art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”.

“Aun cuando no posea naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”.

El máximo tribunal, además, recogió la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”: los derechos a “buscar” y a “recibir” informaciones amparan la facultad de toda persona de solicitar el acceso a los datos bajo control del Estado, y este tiene la obligación positiva de suministrarlos, sin necesidad de que se acredite un interés directo ni una afectación personal, salvo legítima restricción.

También dejó en claro el principio de máxima divulgación: toda la información en poder del Estado se presume pública, y el acceso a ella consiste en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios desempeñan sus cargos y manejan el presupuesto público.

La tesis de Aguilera fue demoledora por lo simple:

Si la Corte Suprema le dijo al PAMI (que ni siquiera era Estado) que negarse a dar información era un acto arbitrario e ilegítimo que recortaba severamente derechos ciudadanos, ¿qué le queda al intendente de Morón, que sí es Estado, que sí maneja fondos públicos y que publica sus normas mutiladas?

Por eso, Aguilera sostuvo en el recinto que el jefe comunal viene incumpliendo un aspecto tan importante de los derechos humanos, lo que lo expone a una situación de gravedad institucional en caso de no publicar la normativa municipal en forma completa.

No era una exageración retórica, sino la consecuencia lógica del fallo de la Corte:

Si el acceso a la información es un derecho humano fundamental reconocido por tratados internacionales de jerarquía constitucional (el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados por el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), entonces ocultarlo, recortarlo o condicionarlo no es una falta administrativa menor: es violar un derecho humano.

Y un intendente que vulnera sistemáticamente un derecho humano fundamental, que publica boletines incompletos, que obliga al vecino a peregrinar por una oficina para consultar un anexo y que le dice a un periodista “presentá un escrito y pedí audiencia” para acceder a lo que debería estar en internet, está colocando a su gobierno en una situación de gravedad institucional.

En ese sentido, la ordenanza sancionada bajo el Expte. 91363/26 es un salvavidas institucional: le da al intendente la oportunidad de corregir, por ley, lo que la Corte ya calificó en 2012 como arbitrario e ilegítimo.

Si Ghi no cumple la norma, ya no podrá decir que no sabía, ni que era “por razones de espacio”, ni que se trataba de un error de tipeo. Será un incumplimiento deliberado de una ordenanza, de la Ley 27.275, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales.

La exposición: Aguilera versus Gasulla

Ese fue también el marco de la intervención de Aguilera en la sesión del 12 de noviembre, en la que arremetió contra el periodista Luis Gasulla.

Días antes, Gasulla se había presentado en el Palacio Municipal junto a un equipo de La Cornisa, de La Nación Más, para reclamar (como una especie de paladín del acceso a la información pública) los anexos de diversas normativas que no estaban publicados en el Boletín Oficial Digital municipal.

El episodio del 2 de noviembre quedó registrado: fueron a Asuntos Técnicos a pedir los anexos I y II, les solicitaron un escrito formal y una audiencia, permanecieron allí una hora y se retiraron sin los documentos. El cruce más duro fue con la jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

Hasta ahí, Gasulla tenía razón en el fondo.

El problema vino después, en su programa de radio El Observador 107.9, cuando sostuvo y reafirmó: “la oposición en Morón no existe”, “no existe”.

Para Aguilera, eso fue inadmisible, porque la denuncia por los anexos ya estaba presentada ante el Tribunal de Cuentas, la Defensoría había intervenido y existía un proyecto ingresado desde el 25/9/2026 - Expte. 91363/26 para obligar a publicar todo, con el respaldo del fallo de la Corte Suprema que él citó en el recinto.

El reproche de Aguilera apuntó al método: según el concejal, Gasulla es un periodista que no acepta críticas. Puede cuestionar a todos, pero cuando un edil opositor le marcó que vino a descubrir lo que ya estaba denunciado y trabajado, lo tomó como un ataque y se dirigió a él en términos fuera de lugar y hasta ofensivos, lo que habla muy mal de su forma de comunicarse lejos de un micrófono radial.

Gasulla denunció bien el problema, pero se equivocó al ningunear a quienes ya lo estaban combatiendo donde se resuelven los conflictos: en el Concejo, con jurisprudencia de la Corte Suprema en la mano.

Aunque Gasulla no quiera verla y trate de menospreciar e invisibilizar a ciertos espacios políticos que posiblemente no sean de su agrado ideológico, la oposición sí existe en Morón.

Fueron 16 votos de 24 para lograr que un derecho humano fundamental, como el de recibir y acceder a la información pública, ya no pueda serles negado a los ciudadanos de Morón por parte del intendente Lucas Hernán Ghi y de su jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

Todo lo resolvió la política, a través de los carriles democráticos de su Concejo Deliberante y de la racionalidad de los concejales que votaron por la afirmativa, para ponerle un freno a una de las tantas actitudes autocráticas e irresponsables del intendente.

Consultado al respecto, Aguilera afirmó: “Gasulla puede tener un micrófono de radio, pero yo tengo el micrófono para transmitir la voz del pueblo de Morón que me votó. Los concejales somos sus verdaderos representantes y, desde los distintos espacios de oposición al desgobierno y al abandono de la gestión municipal de Lucas Ghi, seguimos trabajando, consensuando y tendiendo puentes de diálogo, respetando los matices y diferencias entre los bloques, para alcanzar entre todos el resultado legislativo que brinde soluciones a los vecinos”.

La oposición sí existe en Morón, y quedó demostrado que, cuando se proponen objetivos justos y concretos que apuntan al bien común, se consigue la mayoría para ganarle la pulseada al oficialismo monárquico de Lucas Ghi.

Mientras Gasulla se fue con el video para sumar ego como periodista de investigación, Aguilera se quedó con la ordenanza.

El periodista se llevó un clip viral; el concejal, una norma que obliga al Municipio a publicar todo, con anexos, en PDF/A y con acceso irrestricto y gratuito, a fin de que el próximo vecino no tenga que pelearse en un pasillo por saber en qué se gasta su plata.

Esa es la diferencia entre denunciar la oscuridad y encender la luz.

En Morón, el 12 de noviembre, la luz se encendió con 16 votos y con un número de expediente que supera cualquier especulación periodística: el 91363/26.

Y con una advertencia que quedó flotando en el recinto, respaldada por la autoridad de la Corte Suprema:

Negar información pública es un acto arbitrario e ilegítimo que recorta severamente derechos reservados a cualquier ciudadano.

Si Ghi sigue negándola, ya no será solo opacidad: será gravedad institucional.