Después de más de dos décadas de denuncias sostenidas, informes técnicos y advertencias ignoradas, la Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa la crítica situación ambiental del Puerto de Mar del Plata.

Un dictamen clave del Ministerio Público Fiscal, firmado por el fiscal federal Santiago Eyherabide el 30 de diciembre de 2025, confirmó la existencia de contaminación peligrosa de origen humano vinculada a la actividad pesquera e industrial, y reclamó la aplicación inmediata del principio precautorio para evitar daños irreversibles al ambiente y a la salud pública

El informe, cuya elaboración data de octubre de 2025 pero que recién tomó visibilidad pública en diciembre, retoma una causa iniciada en 2002 a partir de las denuncias del oficial de la Marina Mercante e investigador Roberto V. Maturana, quien durante años advirtió sobre el abandono de buques, el vertido de residuos peligrosos y la falta de control estatal en la zona portuaria.

Contaminación comprobada en agua, aire y ecosistemas protegidos

Las pericias realizadas por el Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina detectaron niveles elevados de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), presencia de aceites, grasas, hidrocarburos y metales pesados, todos por encima de los límites permitidos por la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051). El dictamen concluye que la contaminación es antropogénica, es decir, producto directo de la actividad humana asociada a la pesca, los astilleros y las industrias del puerto.

Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto sobre la Reserva Natural de Lobos Marinos de la Escollera Sur. Allí se constató el vuelco de residuos sólidos y líquidos tóxicos, incluyendo fenoles y coliformes, en la laguna interna del área protegida, afectando el hábitat de la fauna y elevando el riesgo ecológico.

Buques abandonados: una bomba ambiental flotante

El dictamen judicial identifica una problemática estructural de abandono consuetudinario de buques. Muchas embarcaciones permanecen años amarradas o semihundidas sin procesos previos de descontaminación. Al deteriorarse, liberan combustibles, aceites, amianto, baterías de plomo y otros residuos peligrosos que se depositan en el lecho marino.

El expediente enumera decenas de barcos hundidos o inactivos, algunos de los cuales aún conservan hidrocarburos en sentinas y tanques, lo que representa un riesgo permanente. Según el Ministerio Público Fiscal, esta situación no solo configura un daño ambiental sino también un posible incumplimiento de deberes por parte de organismos de control, especialmente la Prefectura Naval Argentina.

Aire irrespirable y fábricas bajo investigación

La investigación también avanza sobre la contaminación atmosférica generada por fábricas de harina de pescado, entre ellas Agustiner S.A. y Coomarpes. Vecinos de barrios cercanos denunciaron durante años olores nauseabundos y efectos en la salud. Las pericias detectaron trimetilamina, una sustancia asociada a procesos industriales que puede resultar peligrosa en determinadas concentraciones.

Qué medidas exige la Justicia

Ante la gravedad del cuadro, la fiscalía y la querella solicitaron al Juzgado Federal la adopción de medidas urgentes, entre ellas:

• Aplicación efectiva del principio precautorio, para actuar aun cuando no exista certeza científica absoluta.

• Bloqueo de cuotas de pesca a empresas propietarias de buques inactivos, hasta que se hagan cargo de la descontaminación y retiro de las embarcaciones.

• Plazo máximo de 90 días para que el Consorcio Portuario, la Prefectura Naval y OSSE presenten un diagnóstico integral y un plan de acción conjunto.

• Investigación penal de funcionarios públicos por posibles omisiones en los deberes de control y fiscalización ambiental.

“Es inadmisible que después de 23 años de pruebas científicas sigamos permitiendo que el Puerto de Mar del Plata funcione sin una planta de tratamiento de líquidos de sentina adecuada y con vuelcos impunes de efluentes peligrosos”, sostuvo Maturana, cuya denuncia original dio origen a la causa

Un informe que reactiva viejas preguntas

La difusión tardía del dictamen reabrió interrogantes incómodos: por qué no se tomaron medidas antes, qué responsabilidades políticas y administrativas existen y si el principio precautorio fue desplazado por el temor a afectar intereses económicos. Para la fiscalía, la evidencia acumulada durante más de dos décadas ya no deja margen para la inacción.

Mientras la causa sigue su curso y parte de los expedientes avanzan hacia juicio oral, el Puerto de Mar del Plata queda nuevamente en el centro del debate público como un caso testigo de degradación ambiental prolongada, donde las advertencias estuvieron a la vista, pero las respuestas llegaron, otra vez, tarde.