Una presentación judicial y pública firmada por Héctor Daniel De Olivera volvió a poner en el centro del debate la aplicación de la denominada Ley Pierri y la política de regularización dominial en la provincia de Buenos Aires.

El denunciante sostiene que durante años se llevó adelante un "robo masivo de tierras" que habría afectado a más de un millón y medio de familias en todo el país desde 1994 a la fecha.

Según el planteo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habría firmado más de 200 mil escrituras en el marco de los procesos de regularización, lo que para De Olivera constituye parte de una maniobra sistemática de despojo. En su escrito, asegura que detrás de esas firmas se esconde una transferencia irregular de propiedades que habría perjudicado tanto a presuntos titulares originales como a beneficiarios que, con el tiempo, también resultarían damnificados.

La denuncia apunta contra la llamada Ley Pierri, nombre con el que se conoce la normativa de regularización dominial impulsada en los años '90 por Alberto Pierri. De Olivera afirma que la aplicación de esa ley derivó en una estafa estructural: habla de 1.500.000 familias estafadas mediante el régimen y otras 1.500.000 que habrían sido directamente despojadas de sus tierras o viviendas.

En su presentación, menciona además la Ley de Hábitat 14.449 de la provincia de Buenos Aires y sostiene que ambas normas fueron utilizadas con fines políticos y electorales, en un esquema que (según su versión) combinó demagogia, corrupción y complicidad entre sectores de la política y la Justicia. Asegura que existió "dejadez judicial" y que durante décadas no se investigaron a fondo las supuestas irregularidades.

El denunciante reclama que su caso sea tratado en el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, y afirma contar con un fallo judicial que respaldaría la validez de sus derechos sobre extensas tierras en distintos municipios bonaerenses. Propone, en ese marco, abrir una instancia de diálogo "ajustada a derecho" para resolver su situación patrimonial y, al mismo tiempo, impulsar una revisión integral del régimen de regularización.

Entre las medidas que plantea figuran la anulación de la Ley Pierri mediante un decreto presidencial homologado por ambas cámaras del Congreso, la sustitución de la Ley de Hábitat 14.449 por una nueva norma que contemple la restitución y reivindicación de las familias afectadas y la eventual expropiación de bienes que, según sostiene, tendrían origen en maniobras irregulares vinculadas a la aplicación del régimen.

En ese punto, De Olivera vincula el crecimiento patrimonial de Pierri con la creación de empresas como Telecentro y Canal 26, al afirmar que el "imperio económico" se habría construido a partir del negocio de las tierras regularizadas. Propone incluso la expropiación y posterior venta de esos activos para resarcir a las familias que, según su versión, fueron despojadas.

El texto también señala que desde el Gobierno del presidente Javier Milei se estaría evaluando la posibilidad de anular la Ley Pierri. De concretarse, advierte el denunciante, se produciría un "terremoto judicial" que expondría años de irregularidades y responsabilidades compartidas entre dirigentes políticos y funcionarios judiciales.

Hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales que confirmen una iniciativa concreta para derogar la ley ni respuestas formales a las acusaciones. Sin embargo, la carta vuelve a instalar un debate sensible: el equilibrio entre la regularización dominial como herramienta de acceso a la vivienda y las denuncias de eventuales abusos, errores o fraudes en su implementación a lo largo de más de tres décadas.