La Cámara Primera del Trabajo de General Roca, en Río Negro, resolvió que dos estaciones de servicio debían aplicar el CCT 456/06, firmado por SOESGyPE y la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, y no el convenio 79/89 que reclamaba SMATA. La causa fue impulsada por Gustavo Julián y Miguel Ángel Zuain, y en 2022 el Superior Tribunal provincial rechazó la queja del sindicato de mecánicos.

La Federación de Entidades de Combustibles (FEC) tomó el fallo como un antecedente a favor de los convenios específicos del sector. Su asesor legal, Fabián Alejandro Tobalo, sostuvo que la representación sindical debe responder a la actividad principal de la empresa y lo resumió así: “Las personerías gremiales específicas desplazan siempre a las genéricas”.

En la práctica, si una estación vende principalmente combustible, una gomería o un taller rápido dentro del predio no alcanzan para cambiar el convenio de todo el personal. La resolución alcanza solo a las empresas involucradas y no impone el CCT 488/07 ni anula los acuerdos de SMATA en el país, aunque la FEC la usa para respaldar ese convenio, que firmó con SOESGyPE y FOESGRA.

Tobalo advirtió que haber liquidado sueldos durante años con un mismo régimen no impide que ese criterio sea cuestionado. Según su interpretación, los acuerdos particulares con SMATA o la afiliación de algunos empleados a ese gremio no definen por sí solos qué convenio corresponde.

El abogado también señaló que ADESS y CECOMYZ, las cámaras que firmaron los convenios 79/89 y 80/89, dejaron de existir, y que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologa acuerdos bajo esos convenios desde 2022. Eso incluye al CCT 80/89, que rige en Mar del Plata y zona hasta Chascomús, y Tobalo aclaró que un acuerdo de 2023 que figura en el buscador oficial es un error de carga.

Por eso, la FEC recomienda a los expendedores revisar qué convenio aplican y qué respaldo tienen las escalas salariales que usan. Para Tobalo, liquidar sueldos con escalas sin homologación expone a las empresas a contingencias administrativas y judiciales, y mantener esos encuadres “constituye una práctica de alto riesgo patrimonial”.