Opinión | 17:23
Muertes bajo custodia del Estado
El silencio que mata: el mapa oculto de los suicidios en las cárceles argentinas
Un preso se quita la vida cada cinco días bajo custodia del Estado. La tasa es cinco veces superior a la de la población general. Ezeiza y Olmos concentran la tragedia. El sistema penitenciario funciona al 130 por ciento de su capacidad.
Por Ariel Layera
Hay muertes que no hacen ruido. Sin tiroteos ni motines: apenas una celda, un aislamiento, una sábana. Y un informe que llega tarde.
Entre 2022 y 2024, 205 personas se suicidaron mientras estaban bajo custodia del Estado argentino: 65 en 2022, 62 en 2023 y 78 en 2024. Así lo indica el primer Registro Nacional de Fallecimientos en Contexto de Encierro, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) con información de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Comisión Provincial por la Memoria y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Son 205 historias que el sistema registra como suicidio.
La cifra equivale a una muerte cada cinco días e implica un crecimiento del 20 por ciento en el último año.
El mismo registro documenta que, entre 2022 y 2024, 1.716 personas perdieron la vida en Argentina en cárceles, comisarías y operativos de fuerzas de seguridad: un deceso cada 16 horas. De ese total, 1.115 casos se produjeron en establecimientos penitenciarios. Las enfermedades explican siete de cada diez muertes en prisión, mientras que los suicidios constituyen la segunda causa externa de fallecimiento, con el 25,5 por ciento.
Dónde ocurre importa tanto como cuánto.
En el Servicio Penitenciario Federal, la PROCUVIN informó 48 muertes en 2025, un 20 por ciento más que en 2024. En el primer semestre de 2026 se registraron 26 casos: 14 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y 4 en el Complejo II de Marcos Paz, las dos unidades más grandes del país.
En la provincia de Buenos Aires, que alberga el 51 por ciento de los detenidos del país, la Comisión Provincial por la Memoria documentó 224 muertes en 2025, de las cuales 203 se debieron a problemas de salud. En 2024 había registrado 218 fallecimientos, 194 de ellos por enfermedades. Los complejos de Olmos, La Plata y Florencio Varela concentran los casos; solo Olmos sumó 51 decesos en el último informe interanual.
El perfil se repite.
Según el CNPT, los suicidios se concentran en personas jóvenes, menores de 40 años, durante su primer año de detención; el 94 por ciento son varones. En el sistema bonaerense, el 42,9 por ciento de los fallecidos llevaba menos de doce meses preso. El aislamiento, las horas iniciales de encierro y las crisis de salud mental sin asistencia aparecen como factores determinantes.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), del Ministerio de Justicia de la Nación, es la fuente histórica. En 2019, último año del que se publicó un desagregado completo por provincia, se informaron 40 suicidios en todo el país: 12 en territorio bonaerense, 7 en Córdoba, 3 en Santa Fe, otros tantos en Tucumán, 2 en Chaco, Mendoza, Neuquén, San Juan y otros. La jurisdicción con mayor tasa es Buenos Aires.
La causa no es solo individual.
Argentina registra hoy 258 personas presas cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia. Según el SNEEP 2024, hay 120.700 detenidos. En diez años, la población encarcelada creció un 67,7 por ciento; en Santa Fe, el aumento fue del 244,8 por ciento, y en Santiago del Estero, del 138,2 por ciento.
El sistema opera al 130,2 por ciento de su capacidad: hay 130 personas donde deberían caber 100. En la provincia de Buenos Aires, con 63.934 detenidos, la sobrepoblación alcanza el 116 por ciento.
En ese contexto, la salud mata más que la violencia. La tuberculosis y el VIH presentan intramuros una mortalidad diez veces superior a la registrada afuera. Las afecciones respiratorias, el cáncer y las patologías cardíacas explican 49 y 76 casos solo en el último año bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria advierte que 9 de cada 10 decesos por enfermedad se debieron a cuadros no asistidos.
Los organismos de control coinciden en un punto: falta información pública desagregada por unidad penitenciaria para 2024 y 2025. Las cifras de suicidios por establecimiento no figuran en los informes abiertos del SNEEP, la PPN o la PROCUVIN: se obtienen mediante solicitudes amparadas en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Mientras tanto, el mapa es claro: más encierro, más hacinamiento, menos atención y más muertes silenciosas.
Es el silencio que mata.
