La abogada Aixa Petriati, defensora de dos hombres detenidos tras dos allanamientos realizados en Los Hornos el 1 de junio de 2026, denunció graves irregularidades en el procedimiento y cuestionó la prisión preventiva dictada contra sus asistidos.

Según surge del recurso presentado por la defensa, la investigación se habría iniciado a partir de una denuncia anónima que apuntaba a otras personas. Petriati sostiene que posteriormente se produjo un supuesto error de identificación que terminó vinculando a sus defendidos con la investigación.

La defensa cuestiona las pruebas

Uno de los principales argumentos planteados es que el análisis de los teléfonos secuestrados no encontró conversaciones relacionadas con la venta de drogas, logística o comunicaciones entre los imputados. La defensa sostiene que este resultado debilita la hipótesis de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Además, Petriati denunció que durante los allanamientos habría existido un corte deliberado de las comunicaciones y cuestionó la actuación de los policías y el control de los testigos civiles. También sostuvo que algunos testimonios posteriores contradicen lo asentado originalmente en las actas policiales.

Denuncias contra policías y cuestionamientos judiciales

La presentación también incorpora acusaciones sobre presuntos abusos, amenazas y daños durante los procedimientos, mientras que la defensa cuestiona la cadena de custodia y la forma en que fueron secuestrados los elementos considerados evidencia.

Petriati sostiene además que sus representados son de origen paraguayo y denuncia un supuesto sesgo discriminatorio por el uso del idioma guaraní en comunicaciones familiares, señalando que la pericia tecnológica no encontró conversaciones vinculadas al delito investigado.

El recurso fue presentado contra la prisión preventiva y solicita la exclusión de las pruebas cuestionadas y la libertad de los detenidos. La defensa también objeta las demoras de distintas pericias, al considerar que los tiempos procesales terminan prolongando el encarcelamiento preventivo.

La resolución cuestionada corresponde al Juzgado de Garantías número 1 de La Plata. La defensa pide que se declaren las nulidades denunciadas y se revoque la prisión preventiva.