La causa judicial por presunta contaminación ambiental en el puerto de Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejara sin efecto una resolución que buscaba cerrar el proceso mediante una reparación económica, y ordenara que el expediente continúe su curso.

Para el máximo tribunal penal, no existen aún elementos técnicos objetivos que permitan afirmar que el factor contaminante cesó, ni en el agua ni en la atmósfera.

El expediente investiga a directivos de la COOMARPES por el vertido de sustancias tóxicas al mar desde la planta de harina de pescado, a través de un desagüe pluvial ubicado en la Playa del Puerto, hecho ocurrido el 25 de febrero de 2016, con posible afectación a la salud de bañistas.

La acusación no se limita a ese episodio puntual: tanto la querella como el requerimiento de elevación a juicio sostienen que se trataría de un delito continuado, con descargas posteriores y efectos persistentes en el ambiente.

Uno de los puntos más sensibles del fallo de Casación es la situación de las habilitaciones ambientales. Según surge de los informes oficiales incorporados al expediente, COOMARPES carece de Certificado de Aptitud Ambiental vigente y no cuenta con autorización aprobada para la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales.

La Autoridad del Agua informó que el trámite iniciado en noviembre de 2022 fue observado por incumplimientos técnicos y finalmente dado de baja por falta de respuesta de la empresa, lo que implica que la obra no fue autorizada ni aprobada.

En la misma línea, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires indicó que la empresa no posee certificado de aptitud ambiental, y que la inspección realizada se efectuó cuando la planta no estaba en plena producción, sino en tareas de limpieza y mantenimiento, lo que limita el valor técnico de las conclusiones obtenidas.

También resultaron determinantes los informes de organismos locales. El EMSUR reconoció que su inspección fue meramente visual, que no cuenta con documentación técnica del proceso productivo ni de los impactos ambientales, y que no puede establecer si los equipos instalados son idóneos o suficientes. Además, admitió que la interpretación sobre supuestas mejoras productivas no tiene sustento técnico verificable.

Por su parte, OSSE aclaró que no posee incumbencia para evaluar la suficiencia ambiental de la planta, ya que su rol se limita a proteger el sistema cloacal. Incluso así, los propios cuadros incorporados al expediente muestran que los valores de Demanda Química de Oxígeno superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa provincial, un indicador que, según Casación, no fue debidamente analizado por el tribunal que intentó cerrar la causa.

En una resolución posterior, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata reconoció que el fallo de Casación no se encuentra firme por una apelación en trámite, pero dejó en claro que la Alzada fue categórica al señalar que no hay prueba suficiente de que la contaminación haya cesado.

Aun así, el tribunal sostuvo que cualquier nueva medida vinculada al cese del daño excede el objeto procesal actual y resolvió remitir las actuaciones a otro juzgado federal, donde tramita una causa más amplia por posibles delitos ambientales continuados en la zona portuaria.

El eje del conflicto sigue abierto: si la contaminación fue un hecho aislado o una práctica persistente, y si la planta puede operar sin contar con aprobación técnica, estudios de impacto ambiental y habilitaciones formales. Mientras tanto, la causa principal continúa sin resolución definitiva y el debate judicial vuelve a poner bajo la lupa el control ambiental en una de las zonas más sensibles de Mar del Plata.

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