Por Ariel Layera

El Partido de General Pueyrredon asiste a una peligrosa transformación de su mapa delictivo. No se trata de un simple aumento en la cantidad de denuncias, sino de un cambio cualitativo en la ferocidad de los hechos. La delincuencia local abandonó el oportunismo menor y mutó hacia esquemas logísticos organizados y de alta violencia interpersonal.

Las estadísticas oficiales del primer semestre sepultan cualquier intento de relato oficial. La central de emergencias procesó 69.146 llamados únicos, con un promedio de más de 820 alertas diarias. El dato más alarmante de esta radiografía es la escalada de la violencia letal: el distrito cerró el primer semestre con 23 homicidios dolosos, un incremento del 35 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Mar del Plata promedió un asesinato cada seis días durante el inicio del año, registrando su etapa más sangrienta desde 2022.

El desglose de los delitos revela que las calles están dominadas por la violencia armada y las bandas dedicadas al desguace automotor. Los delitos contra la propiedad (48,71 por ciento) encabezan la actividad criminal. Mientras los hurtos tradicionales en la vía pública, sin violencia física, se desplomaron drásticamente, los robos calificados con uso de armas aumentaron un 33,2 por ciento.

La epidemia sobre ruedas es alarmante: el robo y hurto de automotores encendió las luces rojas con 655 unidades sustraídas en apenas 90 días, a las que se suman 704 motocicletas robadas en el mismo período bajo la modalidad de motochorros. La organización delictiva local detectó que los vehículos son desmantelados en talleres clandestinos de la periferia pocas horas después de los asaltos. En el macrocentro de Mar del Plata se concentra la mayor cantidad de ataques cometidos por motochorros, mientras que el mapa de calor expone una convergencia crítica de delitos patrimoniales, participación de menores armados y balaceras en los barrios Libertad, Bernardino Rivadavia, Regional, Malvinas Argentinas y Las Américas.

Las guardias médicas locales atendieron a 172 civiles heridos en hechos de sangre ocurridos en el espacio público: 78 de ellos por proyectiles de arma de fuego y 94 por armas blancas. En términos temporales, los domingos se consolidaron como el día más crítico de la semana, concentrando más de 10.500 llamados a emergencias en la franja de 21:00 a 24:00 horas, impulsados por disputas territoriales y robos favorecidos por la menor presencia policial durante el fin de semana.

Por su parte, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) expandió su sistema de videovigilancia. Si bien las cámaras y los lectores de patentes son útiles para aportar pruebas clave a las fiscalías una vez consumados los hechos, su capacidad de disuasión en tiempo real sigue siendo limitada por la falta de un patrullaje policial terrestre ágil que convierta la alerta visual en una captura inmediata.

La alarmante escalada criminal en el Partido de General Pueyrredon derriba el argumento de la falta de recursos y expone una severa crisis de gestión e ineficiencia burocrática en el Palacio Municipal. El distrito cuenta con una herramienta económica histórica: los 3.077,7 millones de pesos enviados por el Gobierno provincial bajo el concepto del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad. Sin embargo, esos recursos se pierden en el laberinto administrativo municipal mientras las calles permanecen desprotegidas.

La cronología del gasto revela una preocupante desidia oficial. Si bien el primer desembolso de aproximadamente 1.000 millones de pesos fue rendido en tiempo y forma para cubrir los baches iniciales, la segunda entrega sufrió una parálisis administrativa injustificable. El Ejecutivo local arrastró los pies durante meses para completar los trámites obligatorios de rendición de cuentas, demorando de manera negligente la liberación de los recursos remanentes.

Esta asfixia burocrática autoinfligida quedó expuesta a principios de junio. En un intento por calmar el malestar social, el gobierno local, bajo la gestión del intendente interino Agustín Neme, firmó el Decreto Oficial 1.125, anunciando una inversión de 1.099 millones de pesos para la compra de 12 nuevos patrulleros. Ha pasado más de un mes desde aquel pomposo anuncio de prensa y los móviles siguen sin verse patrullando las cuadrículas más calientes de la periferia. Los expedientes están firmados, el dinero provincial fue depositado, pero la impericia para acelerar las entregas operativas condena a los vecinos de Mar del Plata y Batán a seguir indefensos.

En materia de seguridad ciudadana, los anuncios mediáticos no previenen delitos. Mientras el Ejecutivo municipal estira los plazos, las bandas de motochorros siguen dominando el macrocentro. La gestión de Neme debe entender que los vecinos no quieren excusas ni decretos archivados: exigen respuestas operativas urgentes. El dinero está en las arcas municipales; que los patrulleros no estén en la calle es una responsabilidad política y ejecutiva exclusiva del Municipio.

(*) Observador de la seguridad, Ciudadano Meritorio de General Pueyrredon y ex jefe de asesores del Servicio Penitenciario Bonaerense.