Por Ariel Layera

Una cárcel con una superpoblación del 116 por ciento no es solo un problema de derechos. También es una cuestión de seguridad.

Con 65.189 personas alojadas en 32.423 plazas, el 75 por ciento de la población comparte pabellones donde no hay espacio para dormir sin rotar turnos. En ese contexto, cualquier conflicto menor puede convertirse en un incidente de mayor gravedad.

El personal penitenciario trabaja en condiciones de hacinamiento que superan el doble de la capacidad disponible. Controlar un pabellón de 140 personas, con 60 que trabajan y 80 sin actividad, no es lo mismo que supervisar uno donde todos permanecen desocupados.

Por eso, los 9 polos industriales también constituyen una herramienta de seguridad penitenciaria. Un interno que ingresa a las 7 de la mañana a la carpintería de Campana, a la textil de Olmos o a la bloquera de Merlo permanece fuera del pabellón durante 8 horas. En ese período, no se encuentra en la zona de conflicto.

El trabajo reduce los partes de indisciplina, las sanciones, el consumo y la violencia entre pabellones. Una cárcel que produce es un establecimiento más gobernable.

Los datos de Espartanos confirman esa lógica. En las 65 cárceles donde funciona el programa, que combina rugby, educación y trabajo, no solo disminuye la reincidencia fuera de los establecimientos, del 29 por cientoal 5%, sino también la violencia en su interior.

El programa Más Trabajo Menos Reincidencia tiene ese doble efecto. Incorporó a 16.035 personas al trabajo formal con peculio. Todas ellas cumplen diariamente un horario, responden a un jefe de taller y deben entregar una producción, como un banco para una escuela, un kit Qunita o un bloque para una vereda.

La Dirección Provincial de Trabajo en Contexto de Encierro evalúa que cada polo que se abre libera presión sobre el pabellón de origen. Cuando Olmos produce Qunitas, hay 200 personas menos en sus sectores de alojamiento. Mientras tanto, la fabricación de mobiliario urbano de hormigón en Merlo representa 150 internos menos en esos espacios del Conurbano.

El problema es que ese alivio alcanza solo al 25 por ciento de la población. El 75 por ciento restante continúa sin acceso a talleres, empleo ni espacio físico suficiente, debido al déficit de 31.000 plazas.

Fuera de las cárceles, la seguridad también se mide a través de la reincidencia. Cada punto que disminuye la tasa del 29 por ciento representa menos robos, entraderas y víctimas. El trabajo penitenciario no es un beneficio para el interno, sino una política de protección para la sociedad.

Sin obras de ampliación ni nuevos polos industriales, la seguridad dentro de los establecimientos sigue dependiendo de la contención. Con oportunidades laborales, pasa a sostenerse en la organización.