Por Leandro A. Cuellar

Introducción: investigación y procesamiento judicial de Espert

La Justicia argentina investiga una transferencia de 200 mil dólares recibida por José Luis Espert en 2020, cuyo origen y justificación económica son objeto de controversia y debate público en nuestro país.

La acusación sostiene que el movimiento podría constituir una operación de lavado de activos. Por su parte, la defensa de Espert afirmó que se trató del pago de honorarios por servicios de consultoría prestados a una empresa.

Sin ningún sesgo partidario, deseo señalar que la responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas y con todas las garantías del debido proceso. Un procesamiento no equivale a una condena. Eso está más que claro.

La Justicia argentina y la democracia deliberativa y pluralista

Pero hay una cuestión que trasciende al exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires (2021-2025), expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (2024-2025), y a cualquier dirigente político: ¿creemos realmente en la independencia de las instituciones cuando sus decisiones afectan tanto a quienes piensan como nosotros como a quienes sostienen ideas diferentes?

El juez de la causa, Lino Claudio Mirabelli, fue designado durante el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto 531/2018, con acuerdo del Senado. Este dato no determina su orientación política ni garantiza la imparcialidad de sus decisiones. La independencia judicial debe evaluarse a partir de los actos, los fundamentos jurídicos y el respeto a las garantías constitucionales.

El antecedente contribuye, justamente, a considerar que no se trata de un magistrado de otro signo político. En el día de la fecha, ya no se analiza una simple denuncia, sino un procesamiento judicial.

Javier Milei y su defensa pública de José Luis Espert

En octubre de 2025, cuando Espert renunció a su candidatura legislativa en medio de la controversia, Javier Milei salió públicamente en su defensa. Posteriormente, el presidente volvió a respaldarlo en X, calificó lo ocurrido como una operación política y mediática y cuestionó duramente a los periodistas con el famoso eslogan: "No odiamos a los periodistas como deberíamos".

Esta postura ha despertado sospechas y generado desprecio por parte del liberalismo más sofisticado. Mariano Grondona ya señalaba en Los pensadores de la libertad que existen comunitaristas egoístas y solidarios, así como también liberales de ambas características. De esta manera, marcaba su posición a favor del liberalismo solidario y brindaba clases sobre figuras como John Locke, entre otros pensadores.

Las instituciones, por encima de cualquier ideología

Es precisamente aquí donde debemos detenernos. Ningún dirigente, por poderoso que sea o por cercano que se encuentre al Gobierno, debe quedar por encima de la ley. Tampoco puede considerarse culpable a un ciudadano antes de que se demuestre su responsabilidad.

Como señaló Carl Schmitt, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Su concepción del poder nos permite reflexionar acerca de los riesgos del decisionismo cuando la voluntad de quien gobierna pretende imponerse sobre los límites institucionales.

Una república constitucional exige poderes independientes, controles efectivos, libertad de expresión y garantías para todos. No alcanza con celebrar las instituciones cuando nos dan la razón: debemos defenderlas también cuando sus decisiones nos incomodan. Por eso no tienen signo político y resultan tan importantes.

El ser humano puede corromperse; la instauración de la ley sirve, justamente, para canalizar aquellas pulsiones conflictivas. Se trata del equilibrio pulsional del que ya hablaba Sigmund Freud en El malestar en la cultura. Es más que necesario e importante que nuestras instituciones sean capaces de mantenerlo vigente. La historia nos muestra que la crisis institucional es también la crisis moral de los pueblos.

El espíritu de la ley

No me interesa convertir este caso en una oportunidad para señalar a un adversario ni atribuir intenciones sin pruebas. Me importa algo más significativo: comprender que la fortaleza de una democracia no depende de quién está siendo investigado, sino de que la ley se aplique con imparcialidad, sin privilegios ni persecuciones.

El Poder Judicial no tiene que obedecer al presidente, ni este puede sustituir a los jueces. La independencia institucional no es una concesión del poder político: es una condición de nuestra libertad. Montesquieu ya defendía esta concepción, al sostener que la autonomía de los poderes resulta necesaria para el desarrollo más próspero de una república. Su división ha sido uno de los mayores aportes a la humanidad.

De izquierda a derecha, del oficialismo a la oposición, la República Argentina no pertenece a un partido, a un dirigente ni a un color.

Nuestra República es celeste y blanca, y posee el resplandor del Sol.