Uno de los indicadores que más preocupa es la evolución de los homicidios. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 16 asesinatos, cifra que convierte al período en el más violento desde 2022, de acuerdo con el documento. El relevamiento señala además un incremento del 33 por ciento respecto del trimestre anterior.

Del total de víctimas registradas en esos hechos, 15 fueron hombres y una mujer. La mayoría de los crímenes ocurrió en la vía pública y, en diez casos, se utilizaron armas de fuego. Entre los móviles identificados figuran conflictos personales, enfrentamientos directos, un caso vinculado a robo y un femicidio, mientras que otros hechos permanecen bajo investigación.

El informe también destaca un crecimiento significativo en determinadas modalidades delictivas durante el primer trimestre del año. Los delitos cometidos en la vía pública aumentaron un 36,7 por ciento respecto del mismo período de 2025, alcanzando 1.252 casos. Los robos de automotores registraron una suba del 15,5 por ciento, mientras que los delitos contra viviendas crecieron un 19,9 por ciento.

Otro de los fenómenos señalados es el fuerte avance de las estafas virtuales. El documento contabiliza 332 casos y marca un incremento del 62,7 por ciento respecto del último trimestre de 2025, reflejando el crecimiento de las modalidades de fraude digital.

El análisis incorpora además una evaluación del sistema de emergencias 911. Durante el primer trimestre de 2026 se procesaron 69.416 llamadas, con un promedio diario de 775 comunicaciones y un aumento del 4,3 por ciento respecto del período anterior. Los mayores niveles de demanda se concentran durante los fines de semana y en horarios nocturnos.

Entre los casos utilizados como ejemplo de delitos de alto impacto figuran investigaciones por femicidios, homicidios en zonas rurales y hechos vinculados al narcotráfico, todos ocurridos durante 2024.

Los autores del informe sostienen que los datos reflejan una creciente presión sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante el delito, al tiempo que plantean la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y las estrategias de intervención territorial para contener la evolución de los indicadores más sensibles.

El documento concluye que la dinámica delictiva observada en los últimos años exige medidas coordinadas entre los distintos niveles del Estado para abordar tanto la violencia urbana como las nuevas modalidades criminales que han ganado terreno en la ciudad.