A partir de su regreso, denunciaron una "purga" de trabajadores que incluyó despidos sin causa, persecución política interna y desvinculaciones de empleados con años de antigüedad, algunos incluso con tutela sindical.

En ese contexto, también señalaron la existencia de vínculos laborales irregulares, con profesionales obligados a facturar sin contrato formal, lo que configuraría relaciones encubiertas.

Uno de los aspectos más graves denunciados fue la utilización de patovicas para impedir el ingreso a las sedes laborales y expulsar empleados, incluyendo casos de mujeres embarazadas retiradas por la fuerza.

De acuerdo a los testimonios, estas situaciones generaron consecuencias físicas y psicológicas en los afectados, además de dejar sin funciones a áreas clave, como auditorías médicas, en un sistema que ya venía golpeado por una crisis prestacional profunda.

En paralelo, los abogados advirtieron sobre un deterioro acelerado en la atención a los afiliados. Aseguraron que se redujeron prestaciones médicas, se cortaron servicios en distintas provincias y aumentaron los amparos judiciales por falta de cobertura.

Incluso mencionaron casos extremos, como el de una trabajadora despedida en La Rioja que no pudo afrontar el tratamiento médico de su hijo con discapacidad, evidenciando un escenario de abandono que impacta directamente en la salud de los beneficiarios.

Finalmente, tanto Ibalos como Badair confirmaron que avanzarán con acciones judiciales ante la falta de respuestas institucionales.

Denunciaron además posibles conflictos de interés en la gestión actual, ausencia de actos administrativos que respalden decisiones clave y una intervención estatal que, lejos de ordenar la situación, habría permitido la continuidad de prácticas cuestionadas.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en la Justicia, con un sistema que, según los denunciantes, no logra dar respuestas ni a trabajadores ni a afiliados.