Por Ariel Layera

El pasado 4 de junio de 2026, la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón volvió a transformarse en el ámbito donde se dirimen dos visiones antagónicas sobre cómo proteger a los marplatenses. Para el ciudadano de a pie, la sesión dejó un sabor agridulce: mientras algunos proyectos técnicos vinculados a la prevención y la tecnología avanzan lentamente, o terminan archivados, el debate de fondo dejó al descubierto una problemática que combina inteligencia criminal, herramientas tecnológicas y, por supuesto, mucha rosca política.

Les propongo desmenuzar la sesión, dejando de lado el "chicanómetro", para enfocarnos en lo que verdaderamente importa: las estrategias, las capacidades operativas y el diagnóstico real de la inseguridad en nuestras calles.

El mapa del delito: puntos calientes versus recursos finitos

Uno de los momentos más álgidos de la jornada giró en torno al concepto de prevención situacional, es decir, cómo el diseño urbano y la tecnología modifican el entorno para disuadir al delincuente. Durante el tratamiento del Expediente 1590, que solicitaba cámaras y reductores de velocidad para los barrios Don Bosco y Bernardino Rivadavia, la oposición puso sobre la mesa datos del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED).

El diagnóstico criminal es claro: el barrio Bernardino Rivadavia está catalogado como una de las zonas con mayor concentración de hechos delictivos bajo la modalidad de robo automotor y de motovehículos, conocidos popularmente como "motochorros".

La respuesta de la gestión municipal oscila entre la acción y el realismo presupuestario. Mientras la oposición sostiene que el sistema de videovigilancia está excesivamente centralizado en el macrocentro, el oficialismo defiende su esquema de saturación selectiva mediante controles de tránsito que funcionan como filtros preventivos, con un récord de 1.000 motos secuestradas en marzo de este año. Desde el oficialismo remarcan una máxima de la gestión pública: los recursos son finitos y gobernar implica establecer prioridades.

La grieta del monitoreo: ¿cuántos ojos miran Mar del Plata?

La gran disputa de la jornada se desarrolló en el terreno de la tecnología aplicada a la seguridad. Durante el tratamiento del proyecto de ordenanza para crear la aplicación "Escudo Digital MGP", una plataforma destinada a unificar las alertas de violencia de género, transportistas y repartidores geolocalizados, se produjo una intensa comparación de indicadores entre los distintos bloques.

El tablero de comparaciones

Infraestructura de videovigilancia

La oposición denuncia un estancamiento y señala que Mar del Plata cuenta con aproximadamente 1.300 cámaras, una relación inferior a la de distritos como San Isidro, con más de 2.600, o Quilmes, con más de 2.000.

Por su parte, el oficialismo destaca una inversión proyectada de 4.000 millones de pesos para el mantenimiento integral del sistema de biovigilancia durante los próximos dos años.

Logística y movilidad

Desde la oposición cuestionan la lentitud en los procesos de licitación y la subejecución de fondos girados por la Provincia para la compra de patrulleros.

El oficialismo respondió que se incorporaron 12 patrulleros a la Patrulla Municipal, alcanzando un total de 23 unidades, además de una inversión de 1.360 millones de pesos para adquirir 17 camionetas adicionales.

Métricas del delito

La oposición advierte sobre una tasa preocupante de homicidios dolosos, con un promedio de un caso cada seis días, además de un incremento en los robos en la vía pública.

Desde el oficialismo sostienen que la tasa de homicidios se mantiene en menos de la mitad de los niveles registrados durante los picos de 2015 y apuntan a la gestión de seguridad de la Provincia.

La mirada técnica: ¿dónde estamos parados?

Desde una perspectiva estrictamente vinculada a la inteligencia criminal, el debate legislativo local adolece de una tensión clásica: la centralización táctica municipal frente a la responsabilidad operativa provincial.

La oposición tiene un punto válido al exigir un Plan Integral de Seguridad Local, adeudado bajo los parámetros de la normativa provincial desde 2021. Sin una hoja de ruta escrita y auditable, las acciones corren el riesgo de convertirse en meros "parches" espasmódicos frente a los reclamos vecinales, como ocurrió en el acceso a Villa María del Mar sobre la Ruta 226. Además, el interrogante técnico sobre la cantidad de analistas de monitoreo por cámara en el COM continúa siendo una incógnita. De poco sirven 1.300 cámaras si no existen operadores suficientes para el despacho de móviles en tiempo real, lo que en la jerga se conoce como despacho asistido por computadora.

Por el lado del oficialismo, su defensa se apoya en la realidad institucional de la provincia de Buenos Aires. El Municipio puede invertir miles de millones en camionetas y cámaras, es decir, en prevención primaria, pero el monopolio de la fuerza, la investigación criminal y el despliegue de la Policía Bonaerense dependen del Ministerio de Seguridad provincial. Exigirle al intendente que resuelva el delito complejo sin tener mando directo sobre la fuerza resulta, técnicamente, una tarea imposible.

Conclusión de la jornada

La sesión concluyó con expedientes clave archivados, como "Plazas Seguras" o el informe sobre corredores escolares, y otros bajo el rótulo de "queda en comisión" para continuar solicitando información a áreas como Salud o Hacienda, tal como ocurrió con el caso de las alarmas en los Centros de Salud.

Mientras la política local continúa discutiendo si la responsabilidad recae en La Plata o en la comuna, el delito muta y se desplaza hacia la periferia. La tecnología, a través de aplicaciones, anillos digitales y reconocimiento facial, constituye una herramienta extraordinaria, pero sin coordinación interagencial y sin una dotación policial robusta en los barrios más conflictivos, las estadísticas seguirán siendo el arma arrojadiza de una discusión que parece no tener fin.