Una nueva polémica comenzó a tomar fuerza en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita luego de que el bloque de La Libertad Avanza presentara un proyecto para modificar el Reglamento Interno y establecer nuevas reglas para el funcionamiento y la difusión de las reuniones de comisión.

La iniciativa propone que las reuniones de comisión, comisión plenaria o del Concejo constituido en comisión sean consideradas actos internos de trabajo legislativo y, por lo tanto, no tengan carácter de sesión pública. Además, establece que las grabaciones y registros audiovisuales queden bajo control institucional y prohíbe expresamente las transmisiones en vivo o filmaciones realizadas por terceros no autorizados por la Presidencia del cuerpo.

Según el texto presentado, la publicidad de lo actuado quedaría garantizada mediante actas resumidas, publicación de expedientes tratados, despachos emitidos y resultados de votaciones que deberían difundirse posteriormente a través de los canales oficiales del Concejo Deliberante.

Sin embargo, la propuesta generó interrogantes dentro del ámbito político local. Mientras sus impulsores sostienen que busca ordenar el trabajo legislativo y evitar la exposición mediática permanente de las discusiones internas, sectores críticos consideran que la medida podría restringir el acceso directo de los vecinos a debates de interés público.

En ese contexto, la presentación del proyecto volvió a alimentar versiones y comentarios que circulan desde hace tiempo en el ámbito político marchiquitense. Por los pasillos del Concejo Deliberante se comenta cada vez con más insistencia que en Mar Chiquita La Libertad Avanza y Fuerza Patria terminan funcionando como una misma estructura política en temas clave, una percepción que se profundizó tras distintas votaciones y acuerdos registrados durante los últimos meses.

Aunque públicamente ambos espacios mantienen diferencias discursivas, la iniciativa impulsada por el bloque libertario abrió un nuevo capítulo en un debate político que excede la cuestión reglamentaria y vuelve a poner la lupa sobre las relaciones entre oficialismo y oposición dentro del cuerpo legislativo.

El expediente ingresó formalmente el pasado 5 de junio y ahora deberá ser analizado por la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo.