El acopio de piedras vinculado a una obra pública paralizada en la zona de Camet Norte volvió a quedar en el centro de la polémica política y ambiental, luego de que desde el Concejo Deliberante (HCD) de Mar Chiquita se impulsara un pedido formal para su retiro. La iniciativa será tratada este martes en sesión ordinaria en Coronel Vidal y apunta a una situación que, según denuncian, excede lo visible.

"La presencia de las piedras es apenas la punta del ovillo", señalaron desde el espacio impulsor del proyecto, al advertir que detrás del acopio no solo hay acumulación de residuos, sino también irregularidades administrativas y una obra que se encuentra judicializada desde el pasado 11 de mayo, cuando intervino la Justicia.

El conflicto se origina en el marco de una obra de escolleras que fue frenada por orden judicial y que, desde entonces, dejó como saldo la acumulación de material en inmediaciones de la bicisenda de Playa Dorada, en el límite con Mar del Plata. Con el paso del tiempo, ese acopio derivó en un basural a cielo abierto, generando preocupación entre vecinos por olores nauseabundos, presencia de desechos y potenciales riesgos sanitarios.

El proyecto de resolución presentado en el HCD, cuya copia obra en poder de este medio, solicita al Ejecutivo municipal que intime a la empresa responsable a retirar las piedras y sanear el predio en un plazo no mayor a 30 días, bajo apercibimiento de multas diarias en caso de incumplimiento. 

En los fundamentos del documento, se invocan normativas provinciales vinculadas a la gestión integral de residuos y la protección ambiental, remarcando que está prohibida la creación de nuevos basurales a cielo abierto y que los existentes deben ser erradicados. Asimismo, se advierte sobre el incumplimiento de pautas ambientales obligatorias y la falta de controles en el manejo de obradores y zonas de acopio.

Otro de los puntos destacados es el impacto negativo que la situación genera en el entorno, no solo desde lo ambiental sino también en lo paisajístico y sanitario, con residuos de diversa índole, incluidos restos de pescado, que incrementan la preocupación de los vecinos.

En paralelo, desde sectores políticos se desliza que la obra en cuestión presenta debilidades administrativas y falta de respaldo documental, lo que habría contribuido a su paralización judicial y a la incertidumbre actual sobre su continuidad.

Así, el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante se da en un contexto de creciente tensión, donde se cruzan reclamos vecinales, cuestionamientos políticos y la intervención de la Justicia, configurando un escenario que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos.