Uno de los “aguantaderos” por excelencia de La Cámpora vuelve a estar en el centro de la controversia, no solo por la negligencia del personal, sino también por la corrupción de los jerarcas del nosocomio provincial.

Todo comenzó con la denuncia de un vecino de la ciudad bonaerense de Mercedes, quien hace un mes sufrió un accidente y, al negársele asistencia, regresó al hospital Blas Dubarry con una aparente infección, pero le informaron que no había guardia disponible. Las recepcionistas se negaron a identificarse y, cuando comenzó a filmar, huyeron abandonando sus puestos.

El vecino, de 30 años, tiene un fierro incrustado desde hace un mes y cuenta que ya había concurrido en dos oportunidades al hospital por dolores, sin recibir atención adecuada. Ese mismo día regresó y le informaron que hasta las 18:00 no había guardia médica disponible; asimismo, las recepcionistas negaron asistencia a otros pacientes que estaban esperando.

Además de negar la atención, las recepcionistas se negaron a identificarse y abandonaron sus puestos, en una clara violación al Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/1999) y a la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, posiblemente en conocimiento de estas infracciones.

La situación se vuelve más indignante cuando se analizan los salarios de los responsables del desmantelamiento del hospital: el director del hospital Dubarry, Walter Crema, cuenta con un salario superior a los 5.700.000 de pesos, mientras que el director adjunto, Martín Avalle, percibe 3.800.000, además de 2.400.000 desde el Ministerio de Justicia, figurando también con licencia en su cargo en el Servicio Penitenciario.

No debe olvidarse que, además de sus extraordinarios ingresos, Avalle utilizó el Dubarry para armar su propia PYME familiar, incorporando a la planta a su hermana Marcela Avalle, su esposa Lucía Rosito, su hija Martina Avalle y sus sobrinas Agustina y Clara Arancibia.

Además del nepotismo local, se suman nuevas incorporaciones a pedido de otros dirigentes, convirtiendo a Mercedes en el “aguantadero” de la provincia, con la reciente contratación del hermano del intendente kirchnerista de Suipacha, Juan Agustín Mancini, en el área de cirugía.

El caso es uno más que se suma a una larga lista de quejas y denuncias, reveladas por el propio personal del hospital, quienes resultan perjudicados por los camporistas que utilizan el espacio para militar, comprometiendo la atención que reciben los vecinos, dejando secuelas por mala praxis y, en el peor de los casos, la muerte de los pacientes.

Cabe recordar que el hospital es financiado tanto con impuestos provinciales como con tasas municipales, ya que el intendente Juan Ustarroz recauda tributos adicionales con el pretexto de su financiamiento.