El informe televisivo de Luis Gasulla en La Nación Más, emitido el domingo 1 de noviembre de 2026 en el programa La Cornisa, expuso con crudeza una práctica sistemática y antirrepublicana del gobierno municipal de Morón: la no publicación de los anexos en el Boletín Oficial.

Pero lo más grave no fue solo la omisión administrativa, sino la reacción.

Gasulla se presentó en el Palacio Municipal para ejercer un derecho básico de cualquier ciudadano y periodista: acceder a la información pública completa. La respuesta que recibió de la jefa de Gabinete, Estefanía Franco, “la Tofi”, fue un verdadero escándalo institucional.

Lejos de dar explicaciones técnicas o jurídicas, la funcionaria dejó en evidencia su destrato y su autoritarismo hacia el requirente. En tono elevado, con gestos de desdén y cortando el diálogo, Franco intentó invertir los roles y victimizarse: lo acusó de haberle faltado el respeto. Una imputación que no surge de la conversación ni de las imágenes presentadas en el programa de cable. Las cámaras muestran a un periodista que pregunta y a una funcionaria que no tolera ser interpelada.

Es el reflejo más puro de cómo se ejerce el poder en Morón: el vecino pregunta, el poder se enoja.

Un proyecto que anticipó el escándalo

Lo que el informe de Gasulla puso en pantalla ya había sido advertido en el propio Concejo Deliberante.

Pese a la evidente llegada de un exconcejal al medio periodístico, el 25 de septiembre de 2026 el concejal villarruelista Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, ingresó un proyecto de resolución, registrado como Expte. HCD 91363/26, en el que solicitó instruir al Departamento Ejecutivo para que, a través de la Dirección de Boletín Oficial y Asuntos Técnicos, suprimiera en lo sucesivo, de todas las publicaciones del Boletín Oficial Municipal, la leyenda “Por razones de espacio, los Anexos deberán ser solicitados en el Honorable Concejo Deliberante o en la Dirección de Asuntos Técnicos”, o cualquier otra de similar tenor que implique derivación, ocultamiento o acceso condicionado.

Una frase insólita para la era digital. ¿Qué espacio falta en un PDF?

El voto que desnuda la complicidad

Otro dato que omitió la nota de Luis Gasulla, y que termina de cerrar el círculo del ocultamiento, ocurrió en la última sesión ordinaria del HCD, celebrada el 22 de octubre de 2026.

En esa jornada, la concejal Florencia De Luca, del bloque Unión por la Patria, mocionó el tratamiento sobre tablas del Expediente 91605/26, un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que brindara detalles sobre el incumplimiento en la difusión de los actos de gobierno en el Boletín Oficial. Como fundamento, sostuvo la “gravedad institucional” que conlleva mantener esa anomalía legal.

El resultado fue elocuente:

8 votos positivos: todo el bloque Unión por la Patria, Ariel Aguilera (bloque Todo por Argentina), Claudio Faro (bloque Pro Morón) y Susana Picón (bloque Unión Cívica Radical).

16 votos negativos: el resto de los concejales, pertenecientes al oficialismo PJ-MDF y a los bloques LLA, Nuevo Pro Morón y La Libertad Avanza.

Consultado sobre el resultado de la votación, el concejal Ariel Aguilera nos respondió:

“Realmente es muy llamativo el voto negativo de los ‘supuestos opositores’ de LLA, Nuevo Pro Morón y La Libertad Avanza, porque se trataba de un pedido de informes para que el Ejecutivo explicara la falta de transparencia en la publicación del Boletín Oficial. No era sorpresivo que el oficialismo PJ-MDF cubriera al intendente, pero se supone que el resto de los bloques debe velar por el acceso completo a la información de los actos de gobierno. Por eso, su rechazo no encuentra lógica, máxime si se tiene en cuenta que fue el sufragio popular el que los puso en el cargo para ejercer el control de la gestión del intendente Lucas Ghi: de eso se trata el mandato cuando sos oposición. Cuando las papas queman y la sociedad se entera de cuestiones como el escándalo que protagonizó la jefa de Gabinete ante el requerimiento del periodista Luis Gasulla, es muy probable que estos concejales, que le dieron la espalda a la transparencia, reflexionen e intenten enmendar su posición”.

Y agregó:

“Precisamente, lo que buscan tanto mi proyecto como el de Unión por la Patria es que el intendente cumpla de forma completa con su obligación de publicidad. En la era digital, no es racional sostener que una publicación en línea no incluya los anexos por razones de espacio. Debe quedar claro que una ordenanza sin su anexo es un acto incompleto. Como afirmé en los fundamentos de mi proyecto de resolución, alegar falta de espacio en un archivo electrónico es tan absurdo como decir que se acabó la tinta en internet. Lo que hay es una clara decisión discrecional de Lucas Ghi de ocultar datos; de ahí la importancia de ponerle fin a esta forma antirrepublicana de actuar. Si los concejales y los ciudadanos no podemos acceder a los actos de gobierno en forma directa e íntegra, el Estado municipal está vulnerando el derecho a buscar y recibir información, y a ejercer el control como oposición. La transparencia activa es un principio que el gobierno local no puede seguir desconociendo. Si la señora jefa de Gabinete, Estefanía Franco, se puso tan nerviosa, es porque algo se está tapando con estas omisiones. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz”.

La pregunta que queda

El episodio de Morón ya no es una cuestión técnica sobre cómo se publica un boletín. Es el síntoma de un modelo de gestión que confunde gobierno con propiedad privada.

Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no publican los anexos? Si todo es legal, ¿por qué una jefa de Gabinete necesita levantar la voz para evitar una pregunta?

Cuando un funcionario grita, no está defendiendo al Estado, sino protegiendo algo que no quiere que se vea. Y cuando un Concejo Deliberante vota en contra de siquiera preguntar, deja de ser un órgano de control para convertirse en una escribanía del poder.

En Morón, la monarquía no es solo municipal. Es informativa: el rey decide qué parte de la ley puede ver el pueblo.