El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Obras Públicas, puso en marcha esta semana una ambiciosa intervención urbanística en La Rambla de Mar del Plata.

Los trabajos incluyen la renovación del pavimento peatonal, la instalación de nuevo mobiliario urbano (bancos, luminarias LED y papeleros), así como la mejora de accesos para personas con movilidad reducida. La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, busca revitalizar uno de los espacios costeros más emblemáticos de la ciudad.

En paralelo, el Municipio de General Pueyrredon (MGP) ha optado por una posición de tolerancia hacia la venta ambulante en la misma franja costera, permitiendo puestos informales de artesanías, bebidas y comidas rápidas sin control de habilitaciones ni permiso de ocupación de la vía pública.

Esta decisión genera incomodidad entre comerciantes establecidos y turistas, que se topan con pasillos estrechos y falta de orden en pleno verano.

La convivencia entre la obra oficial y el desborde comercial ha generado un choque de gestiones. Mientras el Gobierno provincial insiste en la limpieza del diseño urbano y la puesta en valor de La Rambla, el Ejecutivo local argumenta que la venta ambulante "dinamiza la economía popular" y "ofrece diversidad de productos al visitante".

Sin embargo, la ausencia de regulación ha provocado críticas por el deterioro estético y el impacto sobre la seguridad vial peatonal.

"¡Es una joda total!", exclamó un vecino marplatense al ser consultado por un movilero de Todo Noticias (TN) durante una transmisión en vivo, sintetizando el desconcierto ciudadano. El desencuentro entre Provincia y Municipio reabre el debate sobre competencias y responsabilidades en la gestión de los espacios públicos, mientras los marplatenses aguardan una solución integral que concilie embellecimiento y orden.