Un nuevo planteo judicial fue presentado en el marco del expediente "Fernández, Cristina Elisabeth y otros s/ Asociación Ilícita" (Expediente 9608/2028), donde se solicita que se fiscalicen los honorarios percibidos por los abogados defensores de los procesados en la causa, en cumplimiento de la Resolución General 5824/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La presentación fue realizada por Aldo Sergio Parodi ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal 7, donde requirió que se investigue el origen y la legitimidad de los fondos destinados al pago de los honorarios de los patrocinantes letrados que intervienen en uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia institucional del país.

En su escrito, Parodi sostiene que, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 5824/2026 de ARCA, corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas al cobro de honorarios profesionales, especialmente en causas de alto impacto vinculadas con presuntos hechos de corrupción.

Asimismo, solicita que se requiera la cooperación de organismos nacionales e internacionales competentes, al considerar que la magnitud de los hechos investigados justificaría la intervención de distintas autoridades de control financiero y tributario.

El denunciante afirma que resulta necesario determinar el origen del dinero utilizado para solventar las defensas legales de los procesados, en particular de quienes ejercieron funciones públicas. En su presentación, también sostiene que históricamente algunos honorarios profesionales se habrían percibido fuera de los circuitos fiscales, situación que, según su interpretación, debería ser revisada a la luz de la nueva normativa tributaria.

El planteo invoca además la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley 26.097, así como el artículo 303 del Código Penal, referido al delito de lavado de activos.

Parodi también puso en conocimiento del tribunal la existencia de otra causa penal, identificada como CFP 3777/2026, en la que, según expresó, se investigan cuestiones relacionadas con el financiamiento de los patrocinantes letrados en procesos vinculados con hechos de corrupción.

Finalmente, el escrito concluye solicitando que el Tribunal disponga las medidas necesarias para avanzar con la fiscalización de los honorarios profesionales y con las investigaciones que considere pertinentes, bajo el lema "Por una Argentina sin corrupción".

Hasta el momento, no trascendió una resolución del Tribunal Oral Federal 7 respecto del planteo presentado, por lo que resta conocer si el pedido será admitido para su tratamiento o si se dispondrán medidas en relación con la solicitud formulada.