La polémica por la instalación de la planta de tratamiento y red colectora cloacal en Burruyacú (provincia dee Tucumán) sumó nuevos capítulos luego de que vecinos y familiares involucrados en el proceso judicial denunciaran presuntas irregularidades ambientales, cuestionaran el avance de las obras y advirtieran sobre supuestas presiones económicas posteriores a la presentación de una denuncia federal.

Según la información aportada por allegados al caso, tras la presentación realizada ante la Justicia Federal comenzaron movimientos de suelo y excavaciones en el predio expropiado, situación que interpretan como un intento de justificar avances materiales de una obra largamente cuestionada. Aseguran además que existieron ofrecimientos económicos que fueron rechazados por la familia involucrada.

"El planteo no es una cuestión de dinero, sino de respeto por las normas ambientales, las leyes vigentes y los acuerdos internacionales con jerarquía constitucional", señalaron fuentes vinculadas a la oposición judicial presentada por la representación legal de los herederos afectados.

La controversia gira alrededor del proyecto destinado a la instalación de una planta de tratamiento de residuos urbanos y efluentes cloacales sobre un predio ubicado en Monte Caseros, departamento Burruyacú, expropiado por la Provincia de Tucumán para la ejecución de la obra. La propia causa judicial expone que el terreno fue declarado de utilidad pública para ese fin específico, mientras los demandados sostienen desde hace años que la ubicación elegida generaría impactos ambientales y sanitarios severos.

En la documentación judicial, los herederos cuestionaron la inexistencia de estudios ambientales suficientes, denunciaron la cercanía del emprendimiento con viviendas particulares y plantearon que la obra avanzó sin garantizar plenamente mecanismos previos de participación ciudadana. También sostuvieron que la instalación proyectada se encuentra a escasa distancia del núcleo urbano y podría afectar napas, calidad del aire y condiciones sanitarias.

La sentencia de primera instancia rechazó los planteos de inconstitucionalidad y sostuvo que existía utilidad pública en la obra, además de considerar válidas las actuaciones ambientales presentadas por organismos provinciales. Sin embargo, la familia apeló la resolución y profundizó las críticas contra el fallo, cuestionando la fundamentación judicial y la forma en que se evaluó la cuestión ambiental.

Uno de los puntos que más inquietud genera actualmente es la situación en el predio donde se realizan excavaciones. Según denunciaron vecinos y familiares, las fosas abiertas permanecen sin controles adecuados y hoy serían utilizadas como espacios de juego por menores de edad, sin presencia visible de responsables de seguridad ni restricciones de acceso.

En paralelo, allegados al expediente remarcaron que la aparición del Tribunal de Cuentas controlando certificaciones y avances de obra se produjo luego de la denuncia federal, interpretando esa intervención como una reacción tardía frente al crecimiento del conflicto. Los registros públicos muestran constataciones efectuadas sobre certificados de obra y controles vinculados a pagos y avances administrativos, mientras persisten cuestionamientos sobre la ejecución real del proyecto y sus porcentajes de avance.

Mientras la disputa continúa en los tribunales, el caso Burruyacú se convirtió en un nuevo foco de tensión donde se cruzan infraestructura pública, reclamos ambientales, expropiaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades institucionales.