La detención de Cristian "El Gringo" Palavecino en Salta ha reavivado un debate que trasciende los límites de la provincia norteña y sacude los cimientos de la política argentina: la infiltración del narcotráfico en las instituciones.

Este caso, junto con la condena de Reynaldo Delfín Castedo en 2022, expone un patrón de vínculos entre capos narcos y figuras del Partido Justicialista (PJ) en Salta, un fenómeno que, por su magnitud y contexto, tiene implicancias para toda la nación.

2 casos emblemáticos

En diciembre de 2022, Reynaldo Delfín Castedo, apodado "El Patrón del Norte", fue sentenciado a 16 años de prisión por liderar una red de tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Europa, utilizando fincas salteñas como centros de operaciones.

Arrestado en 2016 tras una década prófugo, Castedo estuvo involucrado en el caso "Carbón Blanco", uno de los mayores escándalos de narcotráfico en la historia argentina.

Sin embargo, más allá de sus actividades criminales, lo que resalta son sus conexiones políticas: el exdiputado peronista Ernesto Aparicio, quien renunció a su cargo en 2006 tras ser señalado como narco, y el ex juez federal Raúl Reynoso, destituido y condenado por aceptar sobornos de organizaciones criminales. Estas relaciones, según investigaciones judiciales, le garantizaron impunidad durante años.

En octubre de 2023, la captura de Cristian Palavecino, otro peso pesado del crimen organizado en Salta, destapó una red de complicidades con funcionarios del gobierno provincial, liderado por el peronista Gustavo Sáenz.

Imputado por amenazar al procurador Pedro García Castiella, Palavecino guardaba en su teléfono conversaciones que lo vinculaban con figuras como el ex secretario de Seguridad Benjamín Cruz, el ex procurador Abel Cornejo, el diputado Pablo Outes y el intendente Daniel Moreno, todos cercanos al PJ salteño.

La investigación, que abarca a 45 personas, incluyendo un intendente electo y funcionarios judiciales, sugiere que el narcotráfico sigue encontrando protección en las altas esferas del poder local.

Un problema nacional

Los casos de Castedo y Palavecino, aunque separados en el tiempo, dibujan un patrón inquietante: la histórica intersección entre el narcotráfico y el PJ en Salta.

Mientras Castedo operaba en las décadas pasadas con el respaldo de figuras como Aparicio, Palavecino evidencia la persistencia de este problema en el gobierno actual.

Salta, por su ubicación estratégica en la frontera con Bolivia, es un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional, lo que amplifica la relevancia de estos escándalos más allá de la provincia.

Este fenómeno no es exclusivo de Salta. Provincias como Santa Fe y Buenos Aires han enfrentado casos similares en los últimos años, con narcotraficantes ligados a políticos y fuerzas de seguridad.

"Lo que ocurre en Salta es un espejo de una crisis estructural en Argentina", afirma el analista político Carlos Fara. "La debilidad institucional y la falta de controles efectivos permiten que el crimen organizado se infiltre en la política, un problema que debería ser prioritario para el país entero".

Un llamado urgente

La situación en Salta pone en jaque la credibilidad del PJ, uno de los partidos más influyentes de Argentina, y plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones a nivel nacional.

La lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a operativos policiales o condenas judiciales; requiere una reforma profunda que ataque las raíces de la corrupción y fortalezca la transparencia en la política.

Mientras los casos de Castedo y Palavecino siguen resonando, Argentina enfrenta una encrucijada: o aborda de manera integral la relación entre crimen y poder, o arriesga que esta amenaza se extienda aún más, erosionando la confianza en su democracia.

La pelota está en el campo de las autoridades, pero también en el de la sociedad, que exige respuestas contundentes frente a un problema que ya no puede ignorarse.