La Justicia porteña volvió a quedar en el centro de la polémica por su manera de actuar frente a conflictos mediáticos, mientras en paralelo crece el delito y miles de causas sensibles para la ciudadanía se acumulan durante años.

El caso se originó en un cruce registrado en un video viral del 28 de agosto de 2025, que tuvo lugar en las puertas de Radio Mitre, y derivó en un expediente que, según denuncias de abogados consultados por Agencia NOVA, avanzó con una celeridad inusual para los estándares judiciales en la Ciudad de Buenos Aires.

En la práctica, lo que se cuestiona no es solo el hecho en sí, sino el criterio de prioridades: un episodio de discusión pública terminó adquiriendo un tratamiento que, para distintos especialistas, resulta desproporcionado si se lo compara con los tiempos de resolución que suelen tener robos, entraderas, ataques violentos, abusos y otras causas penales complejas que afectan directamente a miles de víctimas.

Según se informó, la causa tramita como IPP 136690/2025 en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Contravencional número 31 de CABA, y la investigación involucró actuaciones del fiscal Federico Battilana y resoluciones atribuidas a la jueza Susana Parada.

Los letrados que revisaron el expediente señalaron presuntas arbitrariedades, parcialidad, falta de equilibrio en el análisis de los antecedentes y un proceso que, de manera llamativa, se habría encaminado a juicio en un plazo de apenas tres meses, un tiempo que en el sistema penal suele ser excepcional incluso para casos de menor escala.

Uno de los puntos más criticados es el uso de herramientas restrictivas en tiempo récord. A solo tres días de presentada la denuncia, se dictó una perimetral de 500 metros y un bozal legal, medidas que, según el planteo, restringieron la posibilidad de expresarse y defenderse públicamente, algo especialmente grave cuando el hecho ya estaba instalado en redes y medios.

Para los denunciantes, esto muestra una Justicia que se mueve con una “sensibilidad” inmediata cuando la persona involucrada tiene visibilidad pública, pero que no exhibe el mismo reflejo para casos urgentes que ocurren a diario en los barrios.

Otra sospecha que aparece en los cuestionamientos es la desigualdad probatoria en la etapa previa al juicio. Se mencionó que la magistrada habría admitido la mayor parte de la prueba ofrecida por la Fiscalía y la querella, incluyendo decenas de testigos y documentación, mientras que a la defensa se le habría convalidado una porción mínima.

Esa diferencia, siempre según la denuncia de abogados, no es un detalle menor: afecta de lleno el principio de igualdad de armas y puede condicionar el resultado de un proceso antes incluso de llegar al debate oral.

Además, se objetó que se habría descartado la posibilidad de una salida alternativa como la probation, pese a que se trataría de una persona sin antecedentes, lo que reforzó la lectura de un mecanismo judicial orientado a acelerar hacia una condena, en lugar de garantizar un camino equilibrado y proporcional.

En ese marco, también se puso bajo la lupa la forma en que la Justicia porteña evalúa contextos previos de confrontación pública entre figuras, el rol de los medios y la presión que puede existir cuando el caso involucra a actores con alto alcance e influencia.

En el fondo, el expediente se transformó en un símbolo de una crítica mayor: una Justicia porteña que parece funcionar en “modo turbo” para causas de alto perfil, mientras los delitos reales, los que golpean todos los días a la gente común, siguen atrapados en expedientes interminables.

Lo que debería ser el corazón del sistema judicial, proteger a la ciudadanía y sancionar al delito, queda relegado cuando el foco se desplaza hacia conflictos que, aunque ruidosos, difícilmente expliquen las urgencias de seguridad que vive el país.