El conflicto más resonante de los últimos meses es el que enfrenta a la gestión de la intendenta María Celia Gianini con el sector rural y la oposición por el incremento desmedido de la Tasa Vial Rural. En febrero, el Concejo Deliberante aprobó una suba de entre el 82 y el 111 por ciento en la tasa de conservación de caminos rurales, que en algunos casos acumula un aumento del 200 por ciento desde principios de 2025.

Los productores rechazaron la medida y argumentaron que los caminos están en mal estado y que el tributo ya contaba con actualizaciones automáticas. Desde el oficialismo defendieron la decisión al señalar que los valores continúan siendo más bajos que en municipios vecinos.

El espacio opositor La Libertad Avanza profundizó los cuestionamientos con datos del Balance de Tesorería del primer semestre de 2026. Según esos números, el municipio recaudó casi 1.950 millones de pesos por la tasa vial, pero gastó apenas 691 millones en mantenimiento de la red. De cada cien pesos que se cobran para los caminos, solo se gastaron 35, denunciaron, y la diferencia supera los 1.257 millones de pesos.

Además, cuestionaron que en solo seis meses se recaudó el 150 por ciento de lo previsto para todo el año, lo que evidencia, según ellos, un presupuesto desactualizado frente a ingresos que la gestión sabía que iba a obtener. El reclamo no se limita a los números, ya que plantean la necesidad de determinar si lo contabilizado como gasto vial se tradujo realmente en obras concretas. Aseguran que la plata de la Tasa Vial es de los vecinos de Tejedor y que no reciben del municipio la contraprestación. “Exigimos saber dónde está”, afirmaron.

En el Concejo Deliberante, la oposición también criticó los salarios miserables de los municipales, señalándolos como unos de los más bajos de la provincia, y rechazó un aumento salarial del 5 por ciento aprobado en marzo de este año, considerado insuficiente frente a la inflación. Denunciaron, además, la subejecución de partidas presupuestarias que agrava el mal estado de los caminos rurales y las irregularidades en las sesiones, donde se interrumpen los micrófonos de los ediles opositores.

A nivel institucional, en diciembre de 2025 el Tribunal de Cuentas bonaerense dejó firme una multa contra Gianini por irregularidades en el ejercicio 2022. La intendenta fue sancionada con 110 mil pesos y la contadora municipal con 80 mil pesos, además de aplicarse amonestaciones a la tesorera y a la jefa de Personal. El fallo detectó el pago de salarios bajo la figura de adicional no remunerativo para eludir aportes al Instituto de Previsión Social e inconsistencias entre los saldos contables declarados y los fondos reales en las cuentas bancarias. El recurso de revisión presentado por el municipio fue rechazado.

A eso se suman graves acusaciones contra funcionarios. En agosto de 2025 se difundieron imágenes de una residente del Hogar de Ancianos San José que derivaron en denuncias por posibles maltratos. El municipio reconoció fallas en el funcionamiento, aplicó sanciones internas y defendió al personal, al afirmar que se trató de un accidente y que se intentó construir una versión de violencia que no correspondía.

María Celia Gianini, una intendenta de larga trayectoria en Carlos Tejedor, acumula varios mandatos. Históricamente ha recibido críticas de la oposición por los gastos y la escasa transparencia en la gestión, pero lo más resonante en el último tiempo fue la sanción del Tribunal de Cuentas, que luego destapó denuncias sobre el destino de los fondos recaudados por las tasas, dejando a su administración bajo una lupa inédita que complica su horizonte político en las próximas elecciones.