La Cámara Federal de Casación Penal descalificó el fallo del juez federal Roberto Minguillón en la causa por la contaminación de las harineras de pescado del puerto marplatense, al considerar que la resolución carecía de “lógica jurídica” y no se ajustaba a los principios ambientales obligatorios. El tribunal también le recordó que se trata de un delito continuado, algo que el magistrado no contempló en su decisión.

Según denunció el querellante Roberto Maturana, integrante de la Marina Mercante e investigador especializado, Minguillón incluso intentó bloquear el acceso a Casación cuando ya existía un fallo favorable de la Corte Suprema. “El sol no se tapa con la mano ni con montañas de dinero”, expresó.

Maturana lleva 24 años impulsando esta causa, que incluye estudios recientes de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal, ordenados por el juez Santiago Inchausti, que confirman la emisión de nitrosaminas y aminas alifáticas cancerígenas, además de otros compuestos tóxicos regulados por la Ley 24.051. También se detectó contaminación en lagunas de reserva con bacterias e hidrocarburos, un riesgo directo para las napas, tal como advirtió la propia Casación.

Las empresas, denuncia la querella, continúan enviando lodos fuertemente contaminados en contenedores con cal y biocidas para disimular lo que su planta no trata, ya que solo cuenta con un sistema primario sin autorización del ADA. A eso se suma algo aún más grave: no poseen ninguna autorización ambiental vigente del Ministerio de Ambiente bonaerense, ni ex OPDS, ni del ADA, ni estudios de impacto ambiental aprobados.

Pese a citar a estos organismos, Minguillón no consultó ninguno de estos aspectos técnicos: “Los convocó como fantasmas”, afirma Maturana, señalando que el juez ya tenía decidido su fallo junto al fiscal Petiggiani, quien incluso lo denunció penalmente por sus aportes científicos. “El juez que debe ser imparcial y el fiscal que debe acusar trabajan juntos para que se siga contaminando”, denunció, anticipando que llevará todo al Consejo de la Magistratura.

El investigador calificó como “vergonzoso” que la Justicia Federal de Mar del Plata permita que continúe la emisión de olores putrefactos y sustancias peligrosas, afectando a toda la ciudad. “Cuando inauguren el centro comercial Bendu, los turistas serán los primeros en percibirlo”, advirtió.

Maturana insiste en que las harineras pueden relocalizarse en el Parque Industrial, cumplir la normativa y dejar de operar bajo “la protección de funcionarios corruptos del Consorcio Portuario”. Asegura que cuenta con pruebas contundentes sobre la contaminación y lamenta que incluso el intendente “mire hacia otro lado” pese a conocer la situación.

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