En términos de presión tributaria sobre el producto bruto interno, Argentina se ubica en torno al 26,5 por ciento, con un IVA del 21 por ciento y una tasa de ganancias empresariales que oscila entre el 25 por ciento y el 35 por ciento. A pesar de estos valores, el sistema presenta una eficiencia media a baja, con altos niveles de evasión y fuerte dependencia de pocos tributos.

En la región, Uruguay mantiene una presión similar, cercana al 27 por ciento, pero con mayor eficiencia recaudatoria, concentrando el 90 por ciento de los ingresos en tres impuestos principales.

Brasil, en tanto, alcanza aproximadamente el 33 por ciento de presión tributaria, con un esquema complejo y alta carga impositiva, aunque con mayor retorno en servicios. Chile se posiciona con una presión más baja, alrededor del 22 por ciento, y un sistema más estable y simplificado.

Desde el plano político, el modelo uruguayo aparece como referencia para la actual gestión, que busca simplificar el sistema. No obstante, en Argentina persiste una estructura fragmentada, con múltiples tasas municipales y tributos provinciales que dificultan la unificación del esquema.

El ajuste fiscal implementado entre 2024 y 2026 se consolidó como eje central de la política económica. En 2024, el gasto público registró una caída del 30,4 por ciento en términos reales, mientras que en 2025 se estabilizó con un leve incremento del 0,5 por ciento, lo que permitió sostener el superávit financiero.

El recorte se concentró principalmente en transferencias a provincias, obra pública e inversión directa, que explicaron el 53 por ciento del ajuste. En paralelo, la recaudación mostró una baja real del 1 por ciento en 2025, influida por la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de retenciones a productos agropecuarios.

En cuanto a la inflación, las proyecciones indican una desaceleración hacia 2026, lo que comenzó a reflejarse en una recuperación del IVA vinculado al consumo, con una suba real del 1,8 por ciento durante 2025.

El debate político se mantiene abierto. Por un lado, el gobierno sostiene que la reducción de la pobreza al 26,9 por ciento y la eliminación del déficit son señales de orden macroeconómico. Por otro, sectores críticos advierten que el ajuste, estimado en 67 mil millones de dólares, generó impactos en infraestructura y en el sistema de protección social, además de tensiones con las provincias.

En este contexto, la transformación de la AFIP en ARCA en 2024 marcó un intento de reestructuración administrativa orientado a reducir costos y mejorar controles, aunque su efectividad frente a la evasión aún es motivo de análisis en 2026.