La confesión del empresario Hugo Alberto Barabucci durante un juicio en Bariloche volvió a poner bajo presión al gobernador Alberto Weretilneck. En su declaración, admitió haber comprado cerca de 20 mil hectáreas en la Patagonia con fondos provenientes del exterior, en una operación que no habría pasado por el sistema financiero argentino.

Según lo expuesto, el dinero, unos 2 millones de dólares, habría sido transferido desde una entidad bancaria de Abu Dhabi hacia una cuenta en Nueva York, sin ingresar al circuito local. El dato activó sospechas sobre posibles irregularidades vinculadas a la legislación vigente, en especial la Ley de Tierras Rurales.

El caso no se limita a la operación inmobiliaria. También se mencionan vínculos con dirigentes y operadores, en un entramado donde aparece el nombre de Pablo Toviggino y referencias a contactos con representantes de Qatar. Según distintas versiones, el propio Weretilneck habría facilitado nexos institucionales en ese esquema.

Las tierras adquiridas están ubicadas en una zona estratégica cercana a la frontera con Chile, dentro de un área protegida, lo que suma un componente sensible al caso. Además, el valor de la operación, considerado bajo para ese tipo de terrenos, generó interrogantes adicionales.

Detrás de la compra aparece una estructura de sociedades que dificulta identificar al beneficiario final. Entre ellas se mencionan firmas inmobiliarias y fideicomisos que, según distintas investigaciones, podrían estar vinculadas a capitales extranjeros.

La falta de intervención de organismos provinciales como la Dirección de Tierras o el Registro de la Propiedad Inmueble también quedó bajo cuestionamiento. Desde distintos sectores señalan posibles fallas en los controles o falta de acción estatal frente a este tipo de operaciones.

El caso ya empezó a escalar más allá del ámbito provincial y podría tener derivaciones en la Justicia federal. Mientras tanto, el silencio del gobierno rionegrino suma tensión a un escenario que combina dinero, tierras y poder político.