El recambio en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci tras la salida de Jorge D'Onofrio, dejó al descubierto una jugada política estratégica de Sergio Massa. En plena interna de Unión por la Patria (UxP), el líder del Frente Renovador (FR) copó el Gabinete con nombres de su riñón, desplazando figuras vinculadas a Axel Kicillof y al ex funcionario.

Aunque el cambio fue presentado como un intento de renovación y transparencia por parte de la provincia, varios de los nuevos funcionarios designados cargan con un historial que los conecta con gestiones anteriores y cuestionamientos. Además, muchos de ellos tienen puntos de contacto con el entramado de empresas y fundaciones universitarias que manejan el negocio de las fotomultas en el territorio bonaerense, aunque con menos exposición mediática.

La designación de Damián González, ex concejal de José Clemente Paz, como director de la VTV en reemplazo de Héctor Lufrano Tamasi es un ejemplo de esto.

González fue señalado previamente por supuestas irregularidades en contrataciones, según una investigación publicada por el diario La Nación en su nota sobre contrataciones en Trenes Argentinos.

Otro caso es el de Ricardo Bezos, ex asesor en Trenes Argentinos y ahora reemplazo de Facundo Asencio, cuya cercanía con Massa lo posiciona como parte del círculo de confianza del líder renovador.

Entre las figuras clave también aparece Damián Contreras, hoy subsecretario de Transporte, anteriormente encargado de los Juzgados administrativos de tránsito, un área que recibió múltiples cuestionamientos.

Contreras, un hombre cercano a Massa, estuvo vinculado a denuncias sobre la construcción del Tren Museo Itinerante. Asimismo, el recientemente contratado Víctor Stephens, ligado al polémico manejo de infracciones viales, ingresó al ministerio a través de un contrato con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTdF), una institución señalada en investigaciones por su rol en licitaciones relacionadas con las cámaras de fotomultas y fundaciones universitarias.

El subsecretario de Técnica Administrativa será Patricio Dangelo Campos, quién tiene vínculos con las contrataciones en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y aparece en una denuncia periodística que lo vincula con la famosa compra de Malena Galmarini de automóviles por la adjudicación directa por 9 mil millones de pesos a la concesionaria Lumiere, además de otras contrataciones bajo auditoria.

Por otro lado, el flamante subsecretario de Seguridad Vial, el comisario Eduardo Feijóo, tuvo un paso polémico como titular del Centro de Operaciones Tigre (COT). Su nombramiento refuerza los vínculos entre el Gabinete actual y sectores empresariales que operan tanto en cámaras de seguridad como en radares de seguridad vial.

En esta línea, Jorge Orzali, director de Coordinación de Apoyo Legal, aparece como una figura clave en la coordinación de los Juzgados municipales y en la validación de proveedores de radares.

A estos se suman nombres como Maximiliano Córdoba, encargado de autorizar cinemómetros, y Margarita Aribe, hermana del abogado de Leandro Camani, el denunciante en la causa que terminó removiendo a los funcionarios anteriores y uno de los empresarios que más cámaras de fotomultas tiene instaladas en la provincia de Buenos Aires.

Con este movimiento, Massa no solo fortalece su poder territorial en la provincia, desplazando a figuras cercanas a Kicillof, sino que consolida un ministerio que formaba parte del acuerdo electoral de 2023 entre ambos sectores del oficialismo. Esta jugada también refleja cómo el líder del Frente Renovador logra posicionar a figuras de su confianza en áreas estratégicas, asegurando el control de recursos clave en plena interna de Unión por la Patria.