El asesinato del ferretero Ricardo Raúl Ruiz, de 48 años, volvió a poner bajo cuestionamiento las decisiones del juez de Ejecución Penal Juan Sebastián Galarreta. Tomás Hoste, de 23 años y acusado junto a Alan Alberto Ovejero, había obtenido en marzo la libertad asistida pese a que su condena se extendía hasta el 5 de febrero de 2028.

Hoste estaba preso por un violento episodio ocurrido en diciembre de 2022, cuando había sido contratado para realizar trabajos de albañilería en una vivienda. En lugar de cumplir la tarea, atacó al propietario para robarle, intentó asfixiarlo, lo golpeó en la cabeza y le produjo cortes con un cúter.

El 5 de marzo de 2026, Galarreta le concedió la libertad asistida tras valorar, según la información publicada, su “conducta ejemplar”, un informe socioambiental favorable y su utilización de herramientas de tratamiento vinculadas con las adicciones. Cinco meses después, Hoste quedó acusado de participar del intento de robo en el que Ruiz fue asesinado por dos motochorros.

El caso adquiere mayor gravedad por los antecedentes atribuidos a decisiones del mismo magistrado. En 2014, Galarreta incorporó al régimen abierto de Casas por Cárceles y concedió salidas transitorias a Diego Armoa Reyes, condenado a 30 años por el crimen del policía Manuel López Araya. En mayo de 2015, Armoa Reyes volvió a ser detenido después de un robo armado en el Hospital Privado de Comunidad.

Otro episodio involucró a Emiliano Cavas, condenado a 20 años por asesinar a tiros y puñaladas a un joven comerciante y jugador de rugby en 2004. Tras cumplir nueve años, Galarreta le permitió acceder a Casas por Cárceles y salidas durante los fines de semana. En abril de 2017, Cavas fue señalado como integrante de un grupo que irrumpió armado durante una cena en una vivienda del barrio Puerto y robó dinero, teléfonos, valores y un vehículo.

La nómina incluye además a César Galera, condenado a 16 años y seis meses por abusar de una adolescente de 17 años. Tras cumplir 12 años recibió prisión domiciliaria por decisión de Galarreta, pese a que en 2014 había sido acusado de intentar abusar de una radióloga dentro del Penal de Batán. En 2016 fue nuevamente detenido, esta vez sospechado de violar a una joven de 22 años en Playa Los Lobos.

También aparecen Juan Carlos Pili Santín, Jorge Dabos Díaz y Roberto Segura Maldonado, quienes accedieron a distintos beneficios y posteriormente protagonizaron fugas, nuevas detenciones o incumplimientos. Según los antecedentes recopilados, varios de estos internos habían contado incluso con informes adversos antes de ingresar a regímenes más flexibles.

El programa Casas por Cárceles funciona en el Servicio Penitenciario Bonaerense desde 2010 y busca mejorar las condiciones de detención y favorecer progresivamente la reinserción. El punto que vuelve a colocar a Galarreta en el centro de las críticas no es la existencia de esos mecanismos legales, sino el criterio aplicado para concederlos y la reiteración de casos en los que beneficiarios volvieron a quedar involucrados en delitos.

La discusión resurge en un momento especialmente sensible para Mar del Plata, después de registrarse tres muertes en apenas 48 horas, entre ellas el asesinato de Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas. El crimen de Ruiz y los antecedentes de Hoste vuelven ahora a colocar bajo presión no solamente la política de seguridad, sino también las decisiones adoptadas dentro del sistema judicial.